El letrado Adrián Rivas destaca que el estatuto del becario introduce avances inéditos, aunque su implementación será «un examen difícil para muchas empresas«
El Gobierno aprueba esta semana el anteproyecto del Estatuto del Becario, una norma que busca reforzar los derechos de los estudiantes en prácticas y evitar los abusos que durante años han generado polémica. El texto fija un máximo del 20% de becarios en plantilla, un límite de 480 horas por estudiante y la obligación de alta en la Seguridad Social desde el primer día. Pero, según explica el letrado asturiano Adrián Rivas, de Servanda Abogados, la medida “aun siendo positiva en su espíritu, plantea importantes retos jurídicos y operativos”.
Rivas considera que la regulación “responde a una demanda social inaplazable”, especialmente en un contexto donde las prácticas “han sido durante demasiado tiempo una puerta trasera al empleo sin derechos”. En su opinión, la inclusión de un sistema sancionador y la obligación de compensar los gastos de desplazamiento o manutención “introducen una mayor equidad y obligan a las empresas a asumir su responsabilidad formativa”.
Sin embargo, advierte que el texto llega sin el consenso necesario. “Ni la patronal ni las universidades han respaldado el anteproyecto, y eso anticipa un desarrollo complicado. Es difícil implantar una norma que afecta simultáneamente al ámbito educativo y al laboral sin un acuerdo integral entre todos los agentes”, señala el abogado gijonés.
Entre las principales novedades, el Estatuto elimina las prácticas extracurriculares —las más expuestas a irregularidades— y exige que toda experiencia práctica esté vinculada a un plan formativo aprobado por una universidad o centro de FP. “Se busca garantizar un aprendizaje real, no una sustitución de puestos de trabajo. Pero en la práctica, muchas entidades pequeñas tendrán dificultades para cumplir con las exigencias de tutoría, límites horarios y cobertura de gastos”, subraya Rivas. Además, se ponen límite a tantas personas en beca en función del tamaño de la plantilla, y también por personas a cargo, poniendo fin a abusos habituales en grandes empresas.
En cuanto a las empresas, el letrado destaca que “el régimen sancionador es especialmente severo”. Las infracciones muy graves podrían alcanzar los 225.000 euros, algo que, en su opinión, “obliga a revisar a fondo todos los convenios de prácticas”. Añade que, aunque se mantienen bonificaciones del 95% en las cotizaciones, la carga administrativa “puede disuadir a muchas compañías de ofrecer formación práctica, reduciendo las oportunidades para los jóvenes”.
Pese a todo, Rivas cree que la norma “marca un cambio de paradigma” y podría acabar con la precariedad asociada al término ‘becario’. “Ahora será más difícil camuflar un empleo bajo la apariencia de una práctica. Eso es una buena noticia, aunque el equilibrio entre protección y flexibilidad todavía está por afinar”.
A su juicio, el desafío estará en cómo se aplique la ley. “Si no se acompaña de recursos para la inspección y de una coordinación efectiva entre Trabajo, Universidades y Educación, el Estatuto corre el riesgo de quedarse en una declaración de buenas intenciones”.
