La alcaldesa confirma que las finanzas municipales «están en orden» y renuncia a «satisfacer los egos de nadie» atendiendo las peticiones de depuración de la oposición
No habrá renuncias o expulsiones en el seno del equipo municipal como consecuencia de los problemas en la asignación de las ayudas europeas a la movilidad. Sencillo, directo y, sobre todo, definitivo. Así lo ha dejado claro esta mañana la alcaldesa de Gijón, Ana González, quien ha comparecido para explicar pormenorizadamente el por qué de lo sucedido, su posible alcance para la ciudad, y las medidas que se tomarán desde el Ayuntamiento en pos de corregirlo. En ese sentido, la regidora ha sido tajante: con las arcas en orden, y la documentación dando la razón al gobierno loca, se descarta toda forma de dimisión, y tampoco «acusaremos a nadie para satisfacer los egos de la oposición. No sería decente».
La liebre saltó hace cuatro días, después de que la Secretaría General de Transportes y Movilidad, en resolución provisional, determinase que el proyecto Gijón, hacia una movilidad cero emisiones’ se quedaba fuera del reparto de los 500 millones de euros previsto, integrados en los fondos europeos Next Generation. La razón aducida fue que el Consistorio no estaba al corriente en el abono de sus deberes tributarios, algo que en todo momento se ha negado desde el ejecutivo gijonés. En todo caso, y a expensas de que se resuelva la tesitura presente, por ahora la ciudad no verá los 9,4 millones de euros a que ascendía la subvención pedida, y que habrían sufragado el grueso de los 13,2 millones en que se presupuestó el proyecto.
En esa sucesión de acontecimientos en la que González ha incidido hoy. Tal como relató, el proyecto fue presentado a la convocatoria de ayudas el 28 de septiembre de 2022, y el primer requerimiento estatal referente a que las cuentas no estaban al día se recibió el 4 de octubre. La irregularidad se hallaba en la tasa por ocupación de una parte de la playa de San Lorenzo con las casetas estivales; el 11 de mayo de 2022 la concejalía de Medio Ambiente pidió permiso a la Demarcación de Costas para utilizar dicho espacio. Costas dio su visto bueno el 25 de mayo, a cambio del abono de una tasa de 5.300 euros, y ese mismo día se dio la orden de pago al área de Tesorería. Sin embargo, «ahí hubo un vacío, ya que no se abonó en el periodo voluntario». Hubo que esperar a que el 27 de septiembre se comunicase por vía ejecutiva que era necesario pagar, mandato que se cumplió el 7 de octubre.
Una vez subsanado el problema, se enviaron a Madrid los certificados de que todo esta en orden con la Agencia Tributaria, de fecha 15 de junio, y con la Tesorería de la Seguridad Social, de 20 de junio; la validez de ambos es de seis meses, y la convocatoria exigía que el Ayuntamiento estuviese al corriente de pago no más tarde del 29 de septiembre. Por ello, la razón que encuentra la alcaldesa para explicar la no inclusión en el reparto es que, «al parecer, esos certificados no fueron tenidos en cuenta». Más aún, apunta a la posibilidad de que la justificación última esté en que, «en lugar de enviar nosotros los documentos, dimos autorización al Ministerio para que los consultase en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, y se dio el caso de que los miraron uno de esos días en que no estuvimos al corriente del pago de la tasa».
Concluida la argumentación de lo pasado, ahora queda por ver qué se hará en lo sucesivo. Y González lo tiene claro; el Consistorio que lidera «va a recurrir antes de este viernes, que es cuando expira el plazo», ya que, insiste, la razón legal está de su parte. Su esperanza ahora es que el gobierno de la nación «valore las cinco líneas del proyecto que presentamos, lo baremen en conjunto y lo incluyan en el reparto de los fondos». Algo fundamental para un Ayuntamiento que, como es el caso del de Gijón, «tiene unos recursos limitados; por eso, era muy importante conseguir las cosas al 70%, al 80% o al 90% de su valor, en lugar de tener que abonar el total». El balance general es obvio para ella. «¿Hubo algún día que no estuviéramos al corriente? Sí. ¿Indica eso una situación de gravedad económica del Ayuntamiento? Ninguna».
«Malísima fe» en las filas de la oposición
Es en ese punto donde se encuentra el mayor objeto de malestar para la alcaldesa; máxime a tenor de las peticiones de depuraciones internas hechas en las últimas jornadas desde algunos grupos de la oposición. «Primero se dijo que en el Pleno que seríamos incapaces de presentarnos a las ayudas, cuando fuimos de los pocos Ayuntamientos que presentó manifestaciones de interés; luego se nos criticó porque nos presentamos a demasiados programas de subvenciones, y ahora se nos censura por esto», ha rememorado esta mañana. Su contraataque se ha sustentado, una vez más, en cifras; de los 39 proyectos presentados para beneficiarse de alguna clase de ayuda «se han resuelto 35, de los que 25 están aprobados, nueve han sido denegados denegados y hemos renunciado a uno». Por ello, a su juicio las críticas expuestas desde los partidos opositores constituyen, en más de un caso, un ejemplo «de malísima fe».
La gran incógnita ahora es qué ocurrirá con el proyecto de movilidad, del que, según matizó González, la línea referente al barrio de Cimavilla ha sido la retirada de la petición. El objetivo está puesto ahora en EMTUSA, para la que, en el marco de dicho proyecto, se contemplaba la adquisición de cuatro autobuses eléctricos, y la electrificación de las cocheras. Una tarea compleja, ya que «un autobús híbrido estándar, como los que hemos estado comprando hasta la fecha, cuesta 340.000 euros, y 400.000 si es articulado; los eléctricos, 640.000 y 760.000, respectivamente». Ante semejantes precios, la Secretaría General de Transportes y Movilidad otorga en esta convocatoria de las ayudas unas cuantías cerradas para la compra de tales vehículos: 200.000 euros para vehículos estándar y 260.000 para articulados.
