El acusado aceptó resolver diversas gestionas, muchas relacionadas con trámites de obtención de nacionalidad o residencia, sin llegar a realizar diligencia alguna
Siendo completamente honestos, el que más o el que menos ha dejado alguna tarea sin terminar en uno, o varios, momentos de su vida; algo humano, habitual y hasta comprensible. Sin embargo, ese hecho alcanzó cotas delictivas en el caso de cierto abogado de Oviedo para el que la Fiscalía del Principado pide una condena de hasta dos años de prisión. ¿El motivo? Haberse apropiado, presuntamente, de más de 8.000 euros de sus clientes al comprometerse a realizar ciertas gestiones que, a la postre, no llegó a hacer. La vista oral tendrá lugar a las 9.30 horas del lunes, en el Juzgado de lo Penal Número Dos de la capital asturiana.
El Ministerio Fiscal sostiene que, a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021, el acusado, en su condición de abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con despacho en dicha ciudad, fue contratado por diversas personas para realizar distintas gestiones, la mayoría relacionadas con trámites de obtención de la nacionalidad española o residencia, y se apoderó de las cantidades que se le entregaron sin realizar diligencia alguna en la defensa de sus intereses. La cuantía total supuestamente apropiada asciende a 8.339,5 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito continuado de apropiación indebida. A mayores, pide una pena de multa de 22 meses, con una cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para empleo, cargo público y para ejercer su profesión de abogado durante tres años, por el delito de deslealtad profesional.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado abone las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados, más los intereses legales correspondientes.
