El grupo socialista gijonés alerta de que la pretensión del gobierno dejará a la ciudad en un estado de «orfandad legislativa», cerrará las puertas a nuevas ayudas y obligará a devolver las ya obtenidas
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Tres días, múltiples diálogos pendientes y un Festival Aéreo mediante, parece seguro que el del próximo 1 de agosto será un Pleno particularmente tenso en el Ayuntamiento de Gijón. Así lo apunta el que, entre los puntos del orden del día, figure la desestimación de los recursos de casación presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), cuya pretensión última no es sino abrir la puerta a la derogación de la Ordenanza de Movilidad municipal. Una acción que, a juicio de Constantino Vaquero, concejal del PSOE, resulta «desacertada y poco responsable con los intereses de la ciudad», pues situará a la urbe en un claro estado de «orfandad legislativa» en lo concerniente a la conexión con las pautas de movilidad fijadas desde Madrid y Bruselas.
«Suprimir la Ordenanza de 2021 será abrir la puerta a que vuelva a tener vigencia la de 2002, que ya no es apta, ni está ajustada a la modificada Ley de Tráfico de 2015», ha advertido Vaquero. Ese texto entrante, ya obsoleto en opinión del grupo socialista, plantearía «problemas para fundar buena parte de las medidas en materia sancionadora», amén de que «dejaría sin cobertura legal al Plan de Movilidad, que pasaría a ser papel mojado». En ese sentido, Gijón podría quedar desconectada de reglas como la Ley de Cambio Climático o la Ley de Transporte y Movilidad Sostenible, que definen la creación en las ciudades de zonas de bajas emisiones, el fomento del uso del transporte público y la electrificación de sus flotas. «La Ordenanza nos aporta una seguridad jurídica que podemos perder», ha añadido.
El edil también ha puesto sobre la mesa los posibles efectos sociales y económicas de la supresión. Y es que «no podríamos optar a ayudas europeas y del Principado», amén de que podría imponerse que las ya cobradas «se devuelvan». Más allá de ese aspecto, en ausencia de la Ordenanza áreas como el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler, algunos puntos de la ORA o la normativa sancionadora para usuarios de patinetes y demás vehículos sin motor, se quedarían sin sostén legal. Gijón, ha planteado, se convertiría así en «una especie de objetor negacionista del cambio climático», a pesar de que, en lo referente a las ayudas, el equipo de Carmen Moriyón «ha anunciado modificaciones sin tener que devolver los fondos obtenidos».
Para Vaquero, la clave radica en una combinación de sentido común, paciencia y diálogo. «Si no les gustan la Ordenanza y el Plan de Movilidad, que lo cambien; el PSOE estará a lado de los intereses de la ciudad. Pero que no nos dejen desprotegidos de esa manera; pueden esperar unos meses a tener listo una nueva Ordenanza», ha abundado. Y no ha dejado pasar la oportunidad de referirse a ciertos proyectos de titularidad autonómica, como el intercambiador o los nuevos aparcamientos, para cuya ejecución «el Principado cuenta conque los Ayuntamientos cumplan la normativa vigente en materia de movilidad. Lo que no contempla es que la propia Administración la incumpla».