El colectivo de agentes califica de «indefensión» la situación actual de sus operativos, varios de los cuales terminaron ayer con lesiones mientras trataban de reducir y detener a un sujeto agresivo en la localidad asturiana
A medio camino entre lo espectacular y lo dramático, el suceso ocurrido ayer en Cangas de Onís, en el que un joven de 28 años patentemente agresivo se encaró con agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del lugar, y lesionó a varios de ellos antes de ser reducido y detenido, ha reavivado el debate sobre la distribución de armas de pulso eléctrico, o TASER, a los uniformados del primero de ambos cuerpos policiales. Poco después del hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) volvía a solicitar más recursos para que la Benemérita pueda hacer frente a situaciones así minimizando al máximo el peligro tanto para los funcionarios, como para cualquier transeúnte en las inmediaciones. Y buena parte de su atención se dirige, precisamente, hacia esa clase de artefactos no lesivos, que disparan una descarga eléctrica capaz de inmovilizar a una persona. Un recurso, eso sí, no exento de polémica, pues sus detractores alegan que el electrochoque puede llegar a acabar con la vida de personas aquejadas de ciertas enfermedades o dolencias.
Según explicaron ayer fuentes de la AUGC, lo ocurrido en Cangas de Onís demuestra la «indefensión» en la que se encuentran los agentes a la hora de defenderse de agresiones, así como las dificultades para reducir y detener a una persona en esas circunstancias. Desde el colectivo explicaron que llevan años reclamando que se dote a los agentes de alternativas como las pistolas de electrochoque TASER, menos lesivas y más eficaces que las defensas o ‘porras’ actualmente de dotación, facilitando así las intervenciones. Además, indicaron que su uso permite un uso más gradual de la fuerza, al ser una herramienta intermedia al arma de fuego.
Pero las peticiones de la AUGC no se limitan a tales dispositivos. Desde la entidad recordaron este lunes que el uso de TASER exige al uniformado llevar consigo, en la parte frontal del uniforme, una cámara, que se activa en cuanto se pone en funcionamiento el arma y, además, lleva incorporada una batería que registra su uso. Un protocolo que justifica la defensa del agente y lo exime de cargas judiciales. «Aunque la Dirección General de la Guardia Civil ya ha adquirido pistolas TASER, su obtención a día de hoy por los agentes es meramente simbólica, ya que el 90 % de los que realizan servicio en la calle, y que continuamente se encuentran expuestos ante este tipo de hechos, no disponen de ella», lamentan. Además, «los Guardias Civiles no pueden servir de escudos humanos ante estas agresiones. Es necesario que cada agente tenga acceso a estas pistolas para tener mayor seguridad en sus actuaciones en la vía pública y, así, evitar posibles agresiones que terminen en desgracias mayores».
