La asociación profesional JUCIL, integrada por agentes de la Guardia Civil, considera que la decisión judicial arroja «un mensaje equívoco para quienes se aprestan a delinquir»
Cangas de Onís aún arrastra la conmoción sufrida el pasado domingo, cuando un joven de 28 años en estado de gran alteración hubo de ser detenido tras enfrentarse a los sanitarios que intentaban prestarle ayuda, primero, y a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que trataron de arrestarle, después, hasta el punto de que llegó a lesionar a varios de los uniformados, sobremanera a uno de los de la Benemérita. Y de la sorpresa, el estupor y el miedo iniciales se ha pasado a la indignación, después de que la magistrada del Juzgado de la localidad decretase ayer la puesta en libertad con cargos del acusado, a la espera de ser sometido a juicio. Una decisión que ha inflamado los ánimos en el seno de la Asociación Profesional ‘Justicia para la Guardia Civil’ (JUCIL), que este martes veía en ella «un mensaje equívoco para quienes se apresten a delinquir».
El suceso se inició alrededor de las 18.30 horas del domingo. Varios vecinos, alertados por la excitación y agresividad que manifestaba el sujeto, alertaron a las autoridades, que no tardaron en presentarse en el lugar, acompañadas por personal sanitario. En un primer momento estos últimos trataron de prestar ayuda al joven, que se había refugiado en el acceso a la sucursal de Caja Rural sita en la avenida Covadonga; sin embargo, la violencia de su reacción llevó a los uniformados a actuar. Intentando reducir al hombre, varios de ellos recibieron puñetazos y patadas, y fue preciso recurrir a las defensas para lograr su detención; en el ínterin, dos de los agentes precisaron atención médica por las lesiones sufridas en un centro hospitalario. En ese sentido, desde JUCIL se afirmaba ayer que uno de ambos «hubo de recibir dos puntos sutura cerca del ojo, y otros diez puntos para suturar una brecha en la cabeza». No obstante, ninguno tuvo que ser ingresado.
Con el sujeto custodiado y, al día siguiente, puesto a disposición judicial, la sorpresa saltaba en el colectivo de agentes al tener noticia ayer, mediada la jornada, de que la jueza de Cangas de Onís ordenaba su puesta en libertad con cargos, ignorando así la petición del Ministerio Fiscal que, ante el potencial riesgo de fuga, había solicitado su inmediato ingreso en prisión sin fianza. Ahora, con las partes aguardando la fecha de la vista, JUCIL asegura que se personará como acusación popular en el futuro proceso, reforzando de ese modo el testimonio del uniformado agredido. No obstante, y aun insistiendo en que respeta el dictamen judicial, el colectivo de Guardias Civiles incidía este martes en que «expresa la facilidad con la que es posible evadirse de las consecuencias, que deberían ser graves, de causar lesiones a otra persona y, sobre todo, de lo gratuito que resulta resistirse a la acción de la autoridad y posiblemente hallarse inmerso en un delito de atentado».
Para los responsables de JUCIL, «estos protocolos no analizan los casos en los que las agresiones las protagonizan personas que no necesitan otros elementos más que sus propios puños, o cuya fuerza, superior a la media, convierte sus cuerpos en auténticos elementos que pueden resultar muy graves, incluso letales, para quienes tienen la misión de controlar su actuación violenta». Una coyuntura agravada, a su juicio, por el hecho de que el protagonista del incidente de Cangas de Onís «fue detenida hace unos años por desacato a la autoridad en fechas similares, también durante las fiestas de esta localidad asturiana».
