El Gobierno local insiste en su voluntad de «investigar a fondo» las razones de la descapitalización de la empresa, el mismo día en que se aprueba por unanimidad la subida de un 30% de la tasa de basuras
La turbulenta realidad que parece agitar las cuentas de la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón (EMULSA) ha trascendido lo meramente local y ha pasado, ahora sí, al ámbito estatal. A última hora de la tarde de este miércoles, una vez finalizada la sesión del Consejo de Administración del ente público, su gerente, Esteba Lázaro, anunciaba haber puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas la información y documentos de que dispone sobre la situación económica del mismo. Será dicho organismo el que deberá evaluar ahora si se incurrió en alguna práctica ilegal en el manejo de los dieciséis millones de euros de las reservas económicas de la empresa. Los mismos que, según el actual Gobierno, han desaparecido, fruto de la mala gestión del Ejecutivo anterior, y hacen necesaria la aplicación de un plan urgente para «rescatar» EMULSA de su compleja situación financiera.
Fue el propio concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, que compareció en el Consejo por expresa voluntad, quien ayer informó del movimiento de ficha hecho por Lázaro. El edil compartió con los integrantes del organismo los detalles de su plan para reflotar EMULSA, que incluye el aumento de la aportación municipal para 2024, la corrección de facturas en las que no se aplicó la tasa correctamente, el pago de aquellas no abonadas y la regularización de todos los servicios que no se reflejan en su presupuesto. Y de despidió reiterando su firme voluntad de «investigar a fondo» las razones de la descapitalización de la empresa, y de «tomar cuantas medidas estén en nuestras manos» para revertir el complejo escenario actual.
La noticia en torno al traslado al Tribunal de Cuentas de los documentos de sus finanzas coincidió en jornada con otra: la aprobación por unanimidad de la subida de la tasa de recogida de basuras en un 30%. Pese a que las dos enmiendas presentadas por Podemos resultaron rechazadas, todos los grupos políticos con representación en la Comisión de Hacienda, a excepción de Vox, que no concurrió, dieron su visto bueno al incremento. Nada que ver, empero, con la votación en torno a la modificación de tributos, tasas y precios públicos; tras descartas las once enmiendas planteadas por el PSOE, y las tres que puso sobre la mesa Podemos, el empate entre fuerzas obligó a la concejala del área, María Mitre, a ejercer el voto de calidad para que, a la postre, prosperase. El mismo recurso fue necesario en el caso de la tarifa de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), previa desestimación de otras dos enmiendas del PSOE, y de una de Izquierda Unida.
