La acusada se aprovechó de la relación de confianza entre ambos para utilizar los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, quien sufre un retraso mental y otras condiciones como epilepsia, cardiopatía y problemas de movilidad
Una acusada de estafar a un hombre con discapacidad física y mental ha reconocido los hechos que le atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias y, tras abonar la cantidad solicitada en concepto de responsabilidad civil, ha aceptado un año de prisión y el pago de una multa.
La mujer acusada reconoció este martes que la víctima, de 56 años, padece un retraso mental que limita su capacidad de conocer y actuar en beneficio de su propia persona, y ser consciente de la realidad de forma completa y tomar decisiones con plenitud de conocimiento, lo que le hace vulnerable. Tiene así mismo una cardiopatía, sufre epilepsia y presenta problemas de movilidad, por lo que se desplaza en una silla de ruedas autopropulsada.
Hasta 2010 vivía solo en Langreo, estaba soltero, carecía de descendientes y sus padres habían fallecido. Tras una larga hospitalización, en abril de ese año ingresó en la una residencia en Oviedo, ocupando una plaza pública. Unos 7 años antes de los hechos objeto de acusación, el hombre conoció a la acusada, nacida en 1982 y de 41 años, y a su madre, ya que frecuentaba la cafetería que ellas regentaban en las proximidades de la residencia donde él vivía.
Con el paso del tiempo, la relación entre la acusada y el hombre se hizo muy estrecha, pues él acudía cotidianamente al local y se comunicaban telefónicamente también de manera constante, lo cual generó en la víctima un sentimiento de plena confianza en ella. En estas circunstancias, en un momento dado no precisado en el tiempo, la acusada, aprovechándose de esa relación de proximidad y confianza, se hizo con los datos de la tarjeta de crédito del hombre.
Así, entre el 17 de febrero y el 13 de septiembre de 2021, la acusada, sin conocimiento ni consentimiento de la víctima, contrató servicios y adquirió bienes para sí de distintas empresas, que abonó con los datos de la tarjeta, que fueron cargados en la cuenta del hombre. El importe de cada una de las adquisiciones realizadas no excedía de 400 euros, aunque su importe conjunto ascendió a más 1.000 euros.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito continuado de estafa. Concurre en la acusada la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño, pues devolvió todo el dinero estafado con anterioridad a la celebración del juicio. Tras reconocer los hechos, la acusada aceptó 2 años de prisión y el pago de una multa de 7 meses, con una cuota diaria de 8 euros.
