Los grupos municipales acusan al Gobierno local de impedir el acceso a los informes en los que se basa la propuesta y lamentan que los detalles se anuncien «en diferido» desde Fitur
La Corporación Municipal aprueba por unanimidad de todos los grupos la pausa temporal a la concesión de nuevos pisos turísticos en la ciudad. Desde mañana, el Ayuntamiento de Gijón dejará de dar la conformidad a las futuras comunicaciones ambientales que se necesita para dedicar una vivienda a usos turísticos (VUT) en los barrios del Centro, Cimadevilla y La Arena. En el Pleno extraordinario convocado para tratar la materia esta mañana, el Gobierno local ha dejado claro que «este mandato va a ser clave para el crecimiento turístico de Gijón, ya que nos encontramos viviendo un cambio de paradigma en el que el norte de España está tomando protagonismo», un vaticinio que han acompañado de datos con los que poner en perspectiva la magnitud de la demanda turística en el concejo a lo largo del tiempo.
Desde 2019, los pisos vacacionales aumentaron un 59% en Gijón. Se trata de «la segunda tasa de crecimiento más alta del territorio nacional en los últimos cuatro años tras Málaga», tal y como ha mencionado la vicealcaldesa y responsable del área de Turismo, Ángela Pumariega. La edil ha comenzado su intervención defendiendo que aunque la ciudad se haya subido «al pódium del crecimiento nacional de las VUT», este aumento no se ha convertido «en un problema generalizado en toda la ciudad», aunque sí haya «barrios en los que se ha llegado a cifras de VUT que no pueden seguir creciendo». Con la moratoria planteada por el Ejecutivo local y un futuro «plan definitivo» que buscan aplicar a todo el municipio, Pumariega ha pedido «calma» en el sector ya que las viviendas turísticas «seguirán formando parte del modelo turístico en el futuro gijonés». También ha sido en clara sobre la posibilidad de hacer extensivo el parón en la concesión de licencias al resto de barrios, tal y como plantean otros grupos: «No somos partidarios de una restricción a nivel general, no tendría vigencia en nivel jurídico».
Un anuncio «en diferido», un «informe de cortapega» y datos escasos, las principales acusaciones de la oposición
A pesar de la votación a favor de la propuesta por parte de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, varios concejales de la oposición han manifestado sus distintas reticencias ante la gestión del Gobierno sobre la cuestión, desde que el pasado domingo anunciasen sus intenciones de cambio. Ha sido el caso de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien ha definido la moratoria como «una propuesta que desde un primer momento genera dudas». «Este Gobierno viene a pedirnos un acto de fe para apoyar esta medida mientras nos cercenan el acceso a los datos en los que se basa la propuesta y tendrá que explicar por qué están ocultando información a la oposición y a la ciudadanía», ha afeado la edil morada. Suárez ha recordado que varios partidos de la Corporación han solicitado formalmente el acceso a los informes hasta ahora elaborados por el Ejecutivo sin haber obtenido respuesta «una vez más», algo deseable a ojos de la concejala «para poder tomar una decisión con conocimiento de causa» en la presente votación.
Además, ha defendido que la presión de la vivienda turística «se siente en toda la ciudad» y teme que con la declaración de zonas tensionadas «el foco se pueda desplazar». De otro modo, la responsable de Podemos ha pedido más control en los alquileres fraudulentos, aquellos que se producen de «septiembre a junio» para después expulsar a los inquilinos porque «esto es ilegal según la Ley de Arrendamientos Urbanos y aquí se está haciendo con total impunidad».
El grupo de Izquierda Unida, blanco de acusaciones del Gobierno por desatar un «efecto llamada» con su petición previa al anuncio de la moratoria, ha criticado la falta de «diálogo y transparencia» en el asunto que consideran «modus operandi» del Ejecutivo. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha lamentado tener que conocer las medidas previstas para las VUT «en diferido», al anunciar «desde Madrid y no en Gijón» las novedades que afectarán a esta ciudad, ya que el Ayuntamiento las hará públicas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra hasta el domingo en la capital. A pesar de su voto favorable, desde IU han mostrado preocupación por el efecto que la moratoria pueda tener en los barrios que quedan fuera de la delimitación y por lo que consideran un «elemento de inseguridad jurídica» en la declaración de zonas de gran afluencia turística. «El concepto sirve para ordenar horarios comerciales que nada tienen que ver con la problemática de las viviendas», ha recordado el concejal.
Desde Vox, Sara Álvarez Rouco confiesa que les interesa ver «el modelo turístico que se crea en la ciudad». «Tendremos que ir a Fitur para conocerlo», ha añadido irónicamente. La formación verde considera que, «más allá de controversias», la moratoria de las VUT «tiene mucho que aprovechar y puede dar un tiempo valioso para configurar una futura normativa». A modo de petición, ha solicitado a los representantes del Gobierno que estas medidas «no se conviertan en un castigo a propietarios».
El PSOE gijonés, en último lugar, ha resumido su acusación hacia el Gobierno en «haber empezado la casa por el tejado» con el asunto de las viviendas turísticas. “Este tema lo están llevando francamente mal, tanto en la gestión de las medidas como en las formas políticas», ha criticado el concejal socialista Constantino Vaquero. El edil aludió al informe presentado para plantear la moratoria como «un cortapega con muy poco fundamento, estadísticas de otras ciudades y números que en sí mismos no dicen nada» y ha lamentado que el proceso a seguir tendría que «haber sido otro». Han dado luz verde con su voto a una moratoria que, «a buen seguro» para el concejal, «será discutida en los tribunales por los gijoneses afectados».
