El colectivo afirma que emprenderá acciones legales mañana lunes, harto de «la inacción ante la okupación» y la imposición de medidas como la moratoria sobre licencias de VUT y la designación de zonas tensionadas
La hoguera de la tensión en torno al mundo del arrendamiento inmobiliario vuelve a avivarse en Asturias. Cansada de lo que sus integrantes entienden como desatención del problema de la okupación de inmuebles, y descontenta con las medidas tomadas por la ciudad de Gijón para limitar la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) y para designar Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas, la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler de Asturias anunciaba este sábado su voluntad de iniciar acciones legales a partir del próximo lunes, 11 de marzo, contra la Consejería de Vivienda del Principado y el Ayuntamiento de la ciudad. Dos acciones que, si la amenaza se cumple, se materializarán en otras tantas demandas judiciales, potencialmente extensivas a otros municipios, para tratar de plantar cara a los «graves perjuicios» que los dueños de esos inmuebles afirman padecer.
«Se nos está quitando el poder de hacer o deshacer con nuestras viviendas, o cómo gestionarlas; las están convirtiendo en lugares públicos», asegura Jaime Acevedo Colunga, portavoz de un colectivo fundado en 2021 y que, desde entonces, aglutina a más de medio centenar de propietarios físicos, y a casi doscientos seguidores en las redes sociales. El malestar entre ellos, recuerda Acevedo, nació al calor de la pandemia del coronavirus, cuando por mandato estatal se paralizaron los desahucios. «Desde entonces las restricciones han seguido, y hoy somos el único sector que no ha recuperado la normalidad», recalca el representante de la plataforma. En el caso concreto de las acciones aplicadas en Gijón, su temor es que la acotación de Cimavilla y La Arena como áreas tensionadas pueda trasladar problemas a otras zonas «que se acabarán tensionando».
Las acusaciones de este ente van aún más allá. Según apunta Acevedo, tanto el Principado como el Consistorio están eludiendo sus responsabilidades en la lucha contra la okupación, llegando, incluso a dar paso a «falsos informes de vulnerabilidad». Pero, sobre todo, es la «injerencia en un mercado que la propia Constitución Española designa como privado» la que se encuentra tras esta amenaza. «Nos están utilizando para sacar rédito político. Hacen publicidad del turismo pero, después, nos impiden habilitar nuestras casas para ese uso. Y teníamos mla esperanza de que el nuevo Gobierno de Gijón no aplicase esas normativas, pero no ha sido así».
Disculpa tengo un piso alquilado en la comunidad de Madrid a inquilina vulnerable, que me debe mas de 24 mensualidades entre burofas, denuncia en el juzgado mas de un año de espera al juicio, ella presenta menos 4 veces y el juez anula el levantaniento y a espeerar al año 2025 que lo vuelvan a prorrogar otra vez la medida. No encuentro en la comunidad de Madrid ninguna plataforma para unirme, si sabe de alguna se lo agradeceria. Jose