La Consejería insta a la empresa a presentar un plan de control preventivo de la autocombustión de las parvas
La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ha sancionado con 60.000 euros a European Bulk Handling Installation (EBHISA), la empresa que gestiona la terminal de graneles del puerto de El Musel, por una infracción grave relacionada con la autocombustión de parvas de carbón a finales de enero y principios de febrero. En aquellas fechas estaba activado el protocolo contra la contaminación.
Según ha indicado el Principado en nota de prensa este sábado, la sanción se ha impuesto al constatar que la compañía no adoptó entonces las medidas adecuadas para evitar la autocombustión del mineral en las instalaciones portuarias ni para sofocar los puntos calientes de las pilas de carbón cuando se comprobó la ignición.
La Dirección General de Calidad Ambiental, mediante cinco inspecciones a EBHISA, ha constatado que la empresa no siguió «las medidas obligadas y previstas» en la instrucción para hacer frente a este tipo de sucesos, por lo que considera que este incumplimiento supone una infracción grave, de acuerdo con la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
A raíz de estos sucesos, y al margen de la sanción económica, la consejería ha instado a EBHISA a presentar un plan de control preventivo de la autocombustión de las parvas. Este documento deberá incluir sistemas de control y monitorización, condiciones de manejo y almacenamiento, altura, tiempo de almacenamiento y sellado. También tendrá que indicar condiciones especiales en función del tipo de carbón.
Además, la empresa deberá aportar un protocolo de actuación en caso de que el sistema de control preventivo indique riesgos de autocombustión, así como medidas específicas en caso de autocombustión. Ese protocolo definirá los indicadores para la activación de las situaciones de riesgo y de los incidentes, las medidas a adoptar, los medios personales, materiales y equipos previstos, las alertas a las autoridades y las condiciones especiales en función de la tipología de los carbones.
La Dirección General de Calidad Ambiental será el órgano encargado de revisar y validar ambos documentos. La consejería espera que con la adopción de las medidas previstas los incidentes se minimicen y, de llegar a producirse, puedan atajarse de manera temprana.
