La consejería que preside Marta del Arco presentará propuestas para reforzar la protección a la infancia y la adolescencia, con especial referencia a los riesgo de Internet
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Toda Asturias sigue de cerca el escándalo recientemente destapado en torno a la presunta explotación sexual de hasta cinco menores tuteladas por el Principado. Y, al calor de dicha polémica, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, indicaba este viernes que su departamento se compromete a mejorar los protocolos de coordinación con las autoridades para «llegar a afinar más entre ambos», ante denuncias por fugas de menores tutelados de los centros de acogimiento residencial. Así, en declaraciones a los medios tras una reunión con las direcciones de los centros de Asturias, tanto de titularidad pública como concertados, señaló que esa iniciativa se está extendiendo a Salud y al contexto escolar de esas personas.
«Tenemos propuestas que haremos en su momento», apuntó la consejera respecto a la mejora de la coordinación, a la vez que destacó la necesidad de reforzar la formación continua del personal de la administración, con especial referencia a conocer y prevenir los riesgo de la navegación por Internet desde el compromiso no solo con los niños y niñas que están en acogimiento residencial, si no «en general» con la infancia y la adolescencia. Sobre la posibilidad de restringir el uso de móviles en los centros, ya de por sí «muy limitado» en los centros de tutelaje concertados, Del Arco cree que sería como «poner puertas al mar», al considerar que el tema tiene «muchísima más dimensión que poder prohibir». Ahora bien, «se han formado un grupo de expertos para ver de qué manera se pueden regular los peligros de la red».
Así mismo, destacó el acuerdo por unanimidad alcanzado en la reunión para hacer una intervención que permita «reforzar la confianza» de los niños para denunciar. «Este tipo de situaciones hay que denunciarlas siempre», enfatizó, apuntando que también se ha abordado cómo están el resto de menores que viven en los centros de acogimiento al conocer el caso de cinco adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual fuera de sus centros. Aun así, y ante las críticas de varios grupos de la oposición a la consejera, Del Arco se defendió alegando que no se plantea dimitir y sostiene, que «no se entendió» lo que quería decir al referirse a que son «cosas de la vida». Según ella, «estaba hablando de que hay en el contexto familiar gente que agrede a los niños; que hay gente en el contexto escolar que agrede a los niños; que hay gente en el contexto de la Iglesia que agrede a los niños; que hay gente en la calle que agrede a los niños; que hay gente que en bares conocidos, con nombres y apellidos y que se han puesto en conocimiento de la Policía y lo saben, agrede a los niños. Eso es lo que quería decir y yo creo que malinterpretar esa cuestión de que es la vida que nos está tocando vivir como adultos y como niños para ellos supone un riesgo tremendo».
Del Arco alerta del riesgo de «revictimizar» a los menores
Con independencia de esa polémica, la consejera, alertó del riesgo de «revictimizar» a menores, pero rehusó comentar «la utilización que la extrema derecha está haciendo de este caso». «Este es un caso concreto de mujer adolescente y víctima de violencia», dijo, señalando que «hay una cuestión de género claramente» a la que se suma «la vulnerabilidad por las historias previas». Eso sí, sobre el papel de las familias de menores tutelados, incidió en que el objetivo de la administración es cubrir las necesidades de los niños y las niñas e intentar que vuelvan a su medio familiar de origen en la medida de lo posible. «Nosotros tutelamos cuando las necesidades de los niños y de las niñas no son debidamente cubiertas, y nuestro primer objetivo, cuando asumimos una medida de protección, porque además lo dice la ley, es intentar que el niño vuelva a su medio familiar de origen. Entonces, cuando hay reconocimiento de problema y motivación para el cambio, se pone en la disposición de las familias, en todos los casos, equipos especializados que pueden trabajar la reincorporación familiar de sus hijos y de sus hijas».
Finalmente, reconoció que «hay maltratos en los que no se puede pensar en este tipo de cosas que son el maltrato físico, el maltrato emocional severo y el abuso sexual, en el que plantear así genéricamente un objetivo de reincorporación no parece aconsejable». Y concluyó poniendo el foco en los esfuerzos para potenciar los programas de prevención y preservación familiar, para dar competencias parentales y que los niños y niñas puedan mantenerse en sus entornos sociofamiliares con las mayores garantías.