La Asociación Asturiana de Alquileres de Corta Estancia denuncia que el Gobierno autonómico hace oídos sordos a sus argumentos y peticiones, y alerta de que su objetivo real es favorecer «a grandes cadenas hoteleras y fondos de inversión»
Era cuestión de tiempo que la pretensión del Principado de sacar adelante su ley de alojamientos turísticos tensionase a quienes disponen de una segunda vivienda con fines vacacionales. Y el malestar, al fin, ha estallado. La Asociación Asturiana de Alquileres de Corta Estancia (CASOCIA), por medio de un comunicado remitido a los medios, ha calificado de «inaceptable» la intención del Ejecutivo que encabeza Adrián Barbón, y ha teorizado conque su objetivo último no es favorecer a los vecinos, y descongestionar el problemático mercado de la vivienda, sino favorecer «a grandes cadenas hoteleras y fondos de inversión» para «expulsar a los pequeños propietarios asturianos que hoy obtienen rentas alquilando como viviendas turísticas sus segundas viviendas», y así «pasar ellos a gestionar este mercado, en régimen de monopolio y con alza de precios».
Desde CASOCIA se ahonda en esa hipótesis, afirmando que, «mediante la progresiva adquisición, ya en marcha, como es de sobra sabido, de
centenares de edificios completos que pretenden destinar a apartamentos turísticos, pudiendo así sortear la legislación propuesta que parece que apunta al pequeño propietario», la consecuencia última es «privar a muchos españoles de unas vacaciones dignas sin subidas interanuales». Más aún, a juicio del colectivo de propietarios «estos edificios suelen situarse en las zonas céntricas de las ciudades, y destruye o limitan la creación de vivienda, siendo ésta otra de las excusas y cortinillas de humo tan utilizadas en esta ley que proponen». Llegando a sus últimos efectos, ese escenario, temen, podría llegar a provocar que «los alquileres que nuestros propietarios hoy reinvierten, vía consumo, en nuestros pueblos y ciudades se vayan, en su mayor parte, fuera de Asturias, a los balances de estas cadenas hoteleras y fondos de inversión», con la consiguiente pérdida «de riqueza a los barrios y ciudades», y de «empleos directos e indirectos», que, opinan, las viviendas de uso turístico proporcionan.
Amenazas de recurso ante los tribunales
Por todo lo anterior, para CASOCIA la ley en cuestión es, «en primer lugar, manifiestamente ilegal», por lo que, amenazan sus integrantes, «nada
más sea aprobada vamos a recurrir con carácter inmediato en los tribunales«. No sólo eso, también se solicitará «una indemnización colectiva por los daños y perjuicios, que pueden llegar a ser millonarios, que se puedan producir». Con todo, el sentir general de los dueños de tales inmuebles es que lo más grave no es sino que «representa un atentando sin precedentes contra la libertad individual de los propietarios asturianos, y contra el interés económico de Asturias, además de que tampoco serviría, en modo alguno, para recudir los precios de los alquileres convencionales«. A ese respecto, señalan que la verdadera responsabilidad se halla en la ley de vivienda estatal, y en la «completa inseguridad jurídica en que deja a los propietarios en caso de una ocupación ilegal, o de un impago».
