La jueza Carmen Neira ha abierto la causa por la posible implicación de los investigados en la desaparición de 160.000 toneladas de carbón del puerto gijonés el pasado mes de enero
El diario Público ha dado a conocer esta mañana que el director general de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco, y otros dos altos cargos de la empresa semipública European Bulk Handling Installation S.A. (EBHI S.A.), responsable de gestionar la terminal de graneles sólidos del puerto asturiano, están siendo investigados por un presunto delito de estafa y apropiación indebida por su posible implicación en la desaparición de 160.000 toneladas de carbón de sus instalaciones en enero de 2024.
El periódico hace referencia al auto dictado el pasado 27 de mayo por la jueza Carmen Neira, titular del juzgado de instrucción nº3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que recoge la investigación y que al parecer incluye a otras dos empresas privadas que operan en El Musel, así como a directivos y empleados de las mismas: Marítima del Principado S.L. y Natural Mining Resources 1926 S.L. (NMR S.L.). Esta primera es la agencia de aduanas o en otras palabras, encargada de la inspección y control de las mercancías, su documentación y el cálculo y pago de aranceles, mientras que NMR, dedicada al sector minero, llegó a ser el mayor operador de carbón del puerto gijonés, aunque tal y como recoge la publicación digital, tras su llegada en 2018, en 2021 «se declaró en suspensión de pagos y solicitó el concurso de acreedores en 2021″.
Detrás de ella se encuentra el empresario Antonio Boluda, a quien la jueza investigaba en primer lugar después de que «la Guardia Civil llevara a cabo escuchas telefónicas del empresario y sus allegados». Imputan al magnate delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Esta causa se suma a otras diligencias que ya había llevado un juzgado de Gijón en el que también se investiga a Boluda por hechos similares.
Por parte de Autoridad Portuaria, además de investigar a del Arco, también se investiga la responsabilidad en los hechos de Lucía Herrero Batalla, directora general de EBHI y Amalio Álvarez Paredes, director de operaciones de la empresa. También se estudia el papel de Marítima del Principado y sus empleados Javier Guardado, Carlos Marqués y Jorge Rodríguez. El diario concluye que todos serán citados a declarar ante la jueza para los meses de septiembre y octubre.
