Construida en los Astilleros y Varaderos de Garrucha, en Almería, la embarcación será tripulada por miembros del Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, y tiene su base en el puerto de Gijón
Costado de babor de la patrullera ‘Ría del Eo’, amarrada en el muelle de Castropol. / Reportaje fotográfico del Ministerio de Pesca y del Gobierno de Asturias. 
El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la secretaria general de Pesca de España, Isabel Artime, acceden a la embarcación. 
La comitiva institucional tuvo ocasión de conocer de primera mano los modernos equipos de que dispone la patrullera. 
La nave recibió su bandera de servicio y las acreditaciones pertinentes para el desarrollo de su labor. 
Fotografía de familia de la dotación de la ‘Ría del Eo’ y de las autoridades que la visitaron.
Toda lucha contra la delincuencia es, en esencia, una carrera de fondo entre las fuerzas de la ley y aquellos que eligen la senda de la ilegalidad. Un pulso en el que el más astuto, el más inteligente y, no menos importante, el que tiene más y mejores medios gana la partida. Y, en lo referente a la lucha contra la pesca ilegal, el Gobierno del Principado está decidido a llevar la delantera en lo que a material respecta. Por ello, este mismo martes el Ejecutivo autonómico, encabezado por su presidente, Adrián Barbón, y acompañado por la secretaria general de Pesca de España, Isabel Artime, presentaba en Castropol su última adquisición marítima: la patrullera ‘Ría del Eo’, primera de su clase operativa en la región, y que el Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera de Asturias tripulará para garantizar el cumplimiento de la legislación de pesca vigente en aguas del Principado.
Construida en los almerienses Astilleros y Varaderos de Garrucha, la nueva embarcación ha requerido un desembolso de 1,56 millones de euros. Rápida, ágil y marinera, durante su vida útil patrullará los más de 300 kilómetros que conforman el litoral asturiano, utilizando el puerto de Gijón como base de operaciones. Sus principales focos de atención serán la pesca furtiva, el incumplimiento de cuotas, la violación de los cotos establecidos y la captura de especies designadas como protegidas. Una labor para la que el Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, constituido en 1988, cuenta con dieciséis agentes, capacitados para operar tanto en tierra firme como en la mar.
