La asociación de hostelería y turismo de Asturias ha manifestado este jueves su oposición a la tasa turística municipal voluntaria que plantea el Gobierno asturiano
La asociación de hostelería y turismo de Asturias, Otea, ha manifestado este jueves su oposición a la tasa turística municipal voluntaria que el Gobierno del Principado ha planteado recientemente. Así, en rueda de prensa, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, acompañado por los vicepresidentes Fernando Corral y Javier Martínez, y la presidenta de la Asociación de Camping de Asturias, Laura Arias, ha optado por explorar vías alternativas para generar recursos económicos que permitan a los ayuntamientos garantizar servicios públicos. Aunque reconoce la falta de recursos de los municipios, subraya la necesidad de encontrar soluciones más equitativas. Entre las propuestas lanzadas por la patronal, la posibilidad de obtener ingresos a través de las viviendas de uso turístico, cuyo crecimiento calificó de «exponencial» y que, según él, no contribuyen de manera justa al coste de los servicios municipales en comparación con las familias residentes. Además, desde OTEA también se sugiere la implementación de tarifas por el uso de aparcamientos en las playas, como otra opción viable para generar ingresos.
En contraposición a la tasa turística, Almeida se ha mostrado abierto a estudiar la posibilidad de una ‘ecotasa’ que afectaría a todas las empresas del sector, con el objetivo de proteger el patrimonio natural de la región. Sin embargo, advierte que la tasa turística, tal como se plantea, podría «coartar la libertad de vacaciones» de los turistas y perjudicar al sector, que este verano ha mostrado buenos resultados en Asturias. En la misma línea, el líder de Otea también ha criticado la falta de diálogo por parte del Gobierno del Principado, insistiendo en que no se ha consultado al sector sobre esta medida y lamentando que el consejero de Medio Ambiente, Ovidio Zapico, esté intentando «imponer su criterio» en un ámbito en el que, según Almeida, no tiene competencias. Así, reivindica que cualquier decisión de esta magnitud debe ser fruto de un consenso en una mesa de negociación con todas las partes implicadas. De momento, esperan que el Ejecutivo autonómico explique con claridad los motivos detrás de esta propuesta y el uso específico de los posibles ingresos que generaría.
