«Ahora mismo y con las inversiones que tenemos encima de la mesa es inviable», ha explicado la Alcaldesa en referencia a los antiguos juzgados
El futuro de lo que un día fueron los antiguos juzgados de la calle Prendes Pando era uno de los temas principales en la sesión plenaria de hoy. Las posibilidades sobre el edificio volvieron al debate público después de que, hace días, distintos colectivos de la ciudad se agrupasen para solicitar al Ayuntamiento que diese con fórmulas para recuperarlo y destinarlo a usos sociales. El grupo de asociaciones sugería que estas pasasen por un alcanzar un acuerdo de cesión gratuita con el Principado o la concesión privada de parte del espacio a un tercero que lo destine al alquiler de apartamentos para mayores. Un grupo de la oposición formado por PSOE, IU y Podemos recogió la petición en una propuesta plenaria que no prosperó debido al voto en contra del resto de grupos.
El Gobierno local insistió ya en reiteradas ocasiones su rechazo a afrontar el proyecto de reforma en este mandato debido al desembolso que supondría para las arcas municipales. Serían, en concreto, 16 millones de euros si se restan otros 4 millones de fondos europeos comprometidos para su recuperación y que sumarían los 20 a los que aluden los informes técnicos en los que se apoya el Ejecutivo. El portavoz del Gobierno de coalición, Jesús Martínez Salvador, ha mencionado que «no se trata de renuncias del Ayuntamiento, sino que» el edificio «no es competencia municipal». Del mismo modo, ha asegurado que trabajan «en que la subvención no se pierda» y se ha mostrado seguro de que los usos sociales pensados para el espacio podrán ubicarse en otro equipamiento en la ciudad.
La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, también ha respondido a las críticas de la oposición por «dejar pasar esta oportunidad» para el histórico edificio y ha explicado que «ahora mismo y con las inversiones que tenemos encima de la mesa es inviable». «Yo soy la primera que digo que no se puede renunciar a ese edificio de Prendes Pando, pero no estamos en plazo, no llegamos a un proyecto de esas características», argumentó. Con ello, la Regidora se refiere a que debido a los condicionantes de los fondos europeos concedidos, la rehabilitación del edificio tendría que estar lista antes de 2026, y se trata de un espacio con «12.000 metros cuadrados imposibles de compartimentar por plantas o hacer por fases», tal y como mencionó minutos antes el portavoz forista.
Gijón «avanza» hacia su ‘banderona’ de España propia
Otro de los asuntos tratados en el pleno de octubre y planteado por Vox en forma de pregunta al final de la sesión, ha sido la instalación de una gran bandera de España en algún espacio público de la ciudad, una propuesta que ya había sido aprobada en el pasado mes de febrero. El concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, ha asegurado a la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, que desde su aprobación el equipo de Gobierno ha llevado a cabo consultas orientativas sobre las características con las que tendría que contar dicha bandera, las necesidades de instalación y mantenimiento con las que cuentan este tipo de estructura y demás cuestiones, y ha adelantado que no será posible establecerla en la plaza del Humedal, como pedían desde el partido de Santiago Abascal, ya que esa zona no resguarda del viento.
Técnicos municipales se encargarán de decidir cual es la ubicación idónea de la ‘Banderona’, cuyo coste rondará entre los 35.000 y 60.000 euros, IVA aparte. González-Palacios también ha aprovechado la oportunidad para recordar que se trata de un asunto «urgente», en respuesta a los reproches de Rouco, y que la cuestión de la bandera «no es una competición de quién es más o menos español, ni de quién representa mejor los valores de nuestra nación».
