Las medidas se centran en cuatro ejes: visitas a empresas de alta siniestralidad, control de las investigadas tras un accidente grave, vigilancia del envío de partes e impulso del envío de actuaciones al Ministerio Fiscal
Sólo han pasado nueve días desde que, el 8 de este mes, un obrero de 62 años perdiese la vida en la Torre Titanio de Nuevo Roces, aplastado bajo el peso de un andamio desplomado, pero el Principado no ha querido esperar más para poner en marcha el plan de choque contra la siniestralidad laboral anunciado veinticuatro horas después de aquel trágico suceso, la quinta muerte en acto de servicio en 33 días. Así, tanto el Gobierno autonómico como Inspección de Trabajo iniciarán de forma inmediata las acciones recogidas en dicho documento conjunto, y entre las primeras medidas se incluye una campaña de visitas a un centenar de empresas que tienen altos índices de accidentes laborales, o que han sido investigadas tras un caso grave o mortal. Del mismo modo, se efectuará un seguimiento de los partes de accidentes, se impulsará el envío de actuaciones al ministerio fiscal y este mismo mes comenzarán a revisarse las acreditaciones de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA).
La junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), integrada por el Principado; Inspección, agentes sociales y Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se reunían ayer miércoles en una sesión extraordinaria para acordar medidas y un calendario aproximado de ejecución. Durante el encuentro el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, a la sazón presidente de la Junta, explicó las iniciativas previstas a partir de este mismo mes, que centrarán en cuatro puntos: visitas a empresas de alta siniestralidad; visitas de control de empresas investigadas tras un accidente de trabajo grave o mortal; vigilancia y control de las comunicaciones urgentes y de la cumplimentación y envío de los partes de accidentes laborales; o el impulso del envío de actuaciones al Ministerio Fiscal en el caso de que los hechos comprobados pudieran ser constitutivos de delito. Paralelamente, y como ya se había anunciado, se crearán siete nuevos puestos de técnicos en prevención de riesgos laborales, con cargo a los presupuestos del próximo año, y se cubrirán cuatro plazas vacantes en el IAPRL.
En el mismo sentido, se enviarán las actas de infracciones en accidentes de trabajo mortales y de aquellos que provoquen secuelas que puedan ser motivo de declaración de incapacidad permanente, total o absoluta. Se remitirán de forma inmediata todos los expedientes actuales y se realizará un seguimiento periódico. También habrá vigilancia y control de accidentes de trabajo leves. Se seleccionarán y visitarán empresas que hayan sufrido siniestros leves que respondan a determinados criterios: accidentes en los que intervengan menores, empresas de trabajo temporal y compañías en las que el personal afectado tenga menos de tres meses de antigüedad en el puesto. Finalmente, el plan prevé el envío de cartas de advertencia a todas las empresas que superen la media del índice de incidencia de su sector, instándolas a que revisen su sistema preventivo. Esta medida comenzará en octubre y contará con un seguimiento anual.
Servicios de Prevención Ajenos
Cerca del 90% de las empresas tiene externalizada la actividad preventiva. Antes de finales de octubre, se comunicará a estos servicios que se va a emprender una revisión de las condiciones de acreditación. Esa revisión, que comenzará este mes y se prolongará durante el próximo, incluirá la comprobación de las ratios de trabajadores cubiertos, personal técnico contratado, instalaciones y subcontrataciones de servicios. Los incumplimientos detectados se comunicarán a la autoridad laboral. En caso de que no haya subsanación, se podrá desacreditar la entidad. También se llevará a cabo una campaña de revisión de la calidad de las actuaciones de estos servicios de prevención ajenos en 2025.
Por último, se pondrá en marcha un estudio específico a partir de los datos que constan en el Observatorio de Condiciones de Trabajo para determinar, de forma ampliada, patrones concretos que motiven accidentes de trabajo. Se tomarán como referencia los años 2021, 2022 y 2023. Está previsto contar con los primeros resultados en el primer trimestre de 2025.