La reciente detención en Gijón de un exaltado ‘provida’ por intimidar a las pacientes de una clínica reaviva el malestar de profesionales y usuarias ante una conducta que, recalcan, lastra el derecho a interrumpir el embarazo, recogido en la ley
Es un hábito que, desde los tiempos de la pandemia, parece ganar fuerza en toda España, Asturias incluida. En ciertos momentos del año, a menudo coincidentes con periodos de especial simbolismo para quienes profesan la fe cristiana, grupos de personas de tamaño variable se apostan a pocos metros de aquellas clínicas que prestan servicios de interrupción del embarazo, e ‘invitan’ a sus usuarias a replantearse su decisión. No importa que llueva o reine un sol de justicia, que la mujer a la que dirigen sus atenciones acuda al establecimiento por razones ajenas a un aborto, o que su conducta pueda llegar a influir negativamente en el ánimo de la interpelada. Pancartas, oraciones y, a menudo, peticiones verbales directas son las herramientas de unos colectivos cada vez más presentes en el Principado, y cuya particular cruzada por lo que entienden como una defensa de la vida ha llevado a profesionales y usuarios del sector de la planificación familiar a reclamar más medidas para proteger lo que es, en último término, un derecho recogido en la legislación vigente. Y la reciente detención en Gijón de cierto exaltado, que llegó a recurrir al insulto y a la amenaza, ha dado alas a dicha solicitud…
El suceso en cuestión ocurrió el pasado 28 de octubre. Según el relato facilitado por la Policía Nacional el individuo, de 55 años y con denuncias previas por hechos similares, interceptó a una paciente en la vía pública y la acusó de ser una «asesina»; no contento con eso, aseguró a la susodicha que, por sus actos, iría «al infierno». Por supuesto, el sujeto fue arrestado y puesto a disposición judicial, acusado de los delitos de coacciones e intimidación, y desde el cuerpo policial aseguran que fenómenos de fanatismo de tal alcance, en Asturias, son «totalmente aislados». La persona en cuestión, afirman en el ámbito de las clínicas presentes en el territorio, es ya conocida, y sus actividades se desarrollan tanto en Gijón como en Oviedo. Es más, los profesionales del sector consultados por miGijón, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, aseguran que su presencia es una constante. «A veces, espera a las mujeres en un portal y, cuando ve que van hacia la puerta, las aborda y las sigue, diciéndoles cosas; una vez llegó a entrar en el vestíbulo, y de él nos han comentado que está dispuesto a dar su vida por la causa«, detallan.
«No es agradable tomar una decisión así, ya de por sí difícil, y, encima, sentirse observada y juzgada en plena calle»
Por supuesto, lo ocurrido en Gijón es un ejemplo extremo, pero la presencia de colectivos ‘provida’ a las puertas de las clínicas asturianas, aunque sea más leve que los ataques verbales directos presuntamente perpetrados por el individuo detenido, también constituye un foco de incomodidad, cuando no de auténtica presión, para las usuarias. En Asturias su tamaño no suele pasar de las seis o siete personas, aunque no es inusual que se limite a dos o tres; una vez toman posiciones, intercalan los rezos con las llamadas a llevar el embarazo hasta sus últimas consecuencias, apoyándose, además, en los eslóganes recogidos en sus carteles, como «Rezamos por ti y por tu bebé» o «No estás sola, podemos ayudarte«. «No es agradable tomar una decisión así, ya de por sí difícil, y, encima, sentirse observada y juzgada en plena calle«, exponen desde el sector, representado tanto a escala nacional como autonómica por la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Y es que, inciden, «ninguna mujer tiene por qué ser interpelada, increpada, amedrentada o violentada por una decisión que es totalmente personal, libre y ajustada a la ley«.
¿Qué dicen los textos legales al respecto? Bien, la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, reconoce «imprescindible» garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios especializados, y reserva penas de entre tres meses y un año de prisión para las personas que acosen a los trabajadores, u obstaculicen el ejercicio del derecho al aborto. Este mismo martes la vicepresidenta del Gobierno español, y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llamó a definir nítidamente «perímetros de seguridad» frente a las clínicas, de modo que esos grupúsculos antiabortistas permanezcan obligatoriamente a una distancia lo suficientemente lejana como para no constituir una incomodidad. A la espera de si esa reclamación llega a buen puerto, o no, por el momento los colectivos en cuestión parecen ser conscientes del contenido de la legislación, y obran en consecuencia. «Nunca son demasiados a la vez, para que sus concentraciones no puedan ser consideradas una manifestación, y se van turnando«, detallan profesionales del ramo. En el caso de Oviedo, es especialmente llamativa su presencia en las inmediaciones de la escultura dedicada a Santa Eulalia de Mérida, próxima a uno de tales centros… Y a las dependencias de la Guardia Civil en la capital asturiana.
«Necesitamos medidas de alejamiento efectivas… Y, sobre todo, que se respete lo que la ley establece, y a estas mujeres»
Las críticas contra la interrupción del embarazo son ya viejas conocidas para la sociedad española. Los más veteranos del sector recuerdan que, cuando la primera norma entró en vigor en 1986, recogiendo sólo tres supuestos para ejercer el derecho, y poco después abrieron sus puertas los primeros centros especializados, «nos tiraron huevos, piedras… Fueron épocas malas». Aquel clima ya cesó, afortunadamente, y desde entonces se han ido intercalando periodos de calma con otros de revitalización de las protestas, aunque sin alcanzar nunca aquellos extremos de violencia. Según las plantillas consultadas por miGijón, este último momento de tensión comenzó hace un par de años, y ha ido en aumento, tanto en lo referente al número de integrantes de los grupos, como en cuanto a la frecuencia de su despliegue. «Después de la pandemia sólo venían en Cuaresma; estaban día sí, día también. Eso lo siguen haciendo, pero ahora también vienen más a menudo; como haga buen tiempo, se lo pasan bomba«, confirman. En ciertos momentos se ha tratado de recurrir al diálogo, pero «no sirve de nada; en el fondo, se sienten protagonistas. Y tampoco es eficaz que venga la policía y les diga que se alejen, si se han aproximado mucho; en cuanto el coche patrulla se va, vuelven».
El argumento más a menudo esgrimido por los concentrados para defender su presencia es el ejercicio de otro derecho, fundamental en este caso: el de la libre expresión. Ahora bien… ¿Tienen esas expresiones, aunque no incluyan amenazas o vejaciones, efectos directos sobre las usuarias de las clínicas? Sí, y no menores. «Se sienten intimidadas, observadas, cuestionadas, molestas… Sobre todo, porque son conscientes de que el del aborto es un derecho que tienen, y su sensación es la de que se les dificulta llevarlo a término«, conceden en el sector. Optar por una denuncia tampoco es fácil; no sólo por la frecuente inexistencia de actividad delictiva alguna, sino también porque, aun en el caso de que se dé, «muchas mujeres no quieren acabar en ese proceso legal». De ahí que la petición emitida por los profesionales de los centros discurra por una vía doble. La primera de ambas, la urgencia de implementar «medidas de alejamiento efectivas», que blinden los derechos de las pacientes. Y la segunda, no menos importante, la necesidad de acometer una reflexión colectiva, de la que mane una conciencia general de respeto. «Es lo principal, lo más imperativo en este momento: que se respete lo que la ley establece y, por extensión, a estas personas. Nadie se merece pasar por algo así».
