Además, se inicia la instalación de nuevas tapas, de mayor tamaño, en los contenedores
La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) ha iniciado la instalación de nuevas tapas con bocas de mayor tamaño en los 1.400 contenedores marrones de residuos orgánicos distribuidos por el casco urbano de Gijón. Además, se está realizando una actualización de las cerraduras para reactivar el control de acceso mediante la Tarjeta Ciudadana. La actuación, que tiene un presupuesto de 465.900 euros financiado por los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se llevará a cabo durante los próximos tres meses.
La decisión de implementar estas mejoras responde a las demandas de los vecinos, quienes ya señalaban la incomodidad de manipular las tapas de los contenedores actuales, y a la necesidad de controlar los accesos tras un periodo de prueba en el que las cerraduras estuvieron desactivadas. Durante este tiempo, el porcentaje de residuos impropios en los contenedores marrones aumentó significativamente, pasando de un 10% a más del 30%. Este incremento ha generado advertencias de COGERSA, que podría imponer un coste de 80 euros por tonelada en el tratamiento de residuos orgánicos, hasta ahora gratuito. Y es que la correcta separación de los residuos orgánicos es esencial para aumentar la tasa de reciclaje en Gijón, actualmente del 36,2%, muy por debajo del 55% exigido por la Unión Europea para 2025. Si no se cumplen estos objetivos, la ciudad podría enfrentarse a multas de hasta un millón de euros anuales. De momento, en lo que va de 2024, se han recogido 3.939 toneladas de residuos orgánicos, un 8,42% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, esta cifra incluye un porcentaje elevado de impropios que comprometen la calidad del reciclaje.
Las nuevas tapas buscan facilitar el depósito de residuos sin contacto directo y mejorar el control de acceso para reducir el volumen de residuos impropios. Además, estas medidas ayudarán a garantizar que los residuos orgánicos sean reciclados correctamente, evitando que sean enviados al vertedero, lo que supondría costes adicionales para el municipio.
