«No dejaremos de salir a las calles para exigir que no se utilicen los impuestos para financiar la crisis climática y para reivindicar nuevas formas de participación democrática frente a los retos de la transición energética»
Un centenar de activistas pertenecientes a los colectivos Rebelión o Extinción (XR), Rebelión Científica (RC) y otras organizaciones sociales y ambientales trataron este sábado de ocupar pacíficamente las instalaciones de Arcelor-Mittal en Gijón para denunciar el impacto de la industria en la crisis climática. La acción, realizada bajo el lema «Stop subsidios fósiles: la DANA empieza aquí», buscaba celebrar una asamblea frente a las carboneras de la empresa, considerada, tal y como señalan los colectivos, como la más contaminante de España y una de las diez mayores emisoras de Europa en el sector siderúrgico.
La intervención de las fuerzas de seguridad, que desplegaron más de 20 vehículos y un helicóptero, impidió que la protesta se llevara a cabo según lo planeado, identificando a los participantes e incautando pancartas y materiales. Ante esta situación, los activistas trasladaron la asamblea a una playa cercana, donde continuaron con su agenda. Y es que los organizadores quisieron dejar claro que los subsidios a los combustibles fósiles están directamente relacionados con el agravamiento de fenómenos meteorológicos extremos como la reciente DANA que ha afectado a Valencia. Según una portavoz de XR, «vivimos en sociedades mejor preparadas para interceptar la protesta climática que para prevenir catástrofes como las de Valencia».
La acción coincide con la celebración de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán), donde líderes mundiales debaten políticas para abordar el cambio climático. Según datos del FMI citados por los manifestantes, en 2023 la industria de combustibles fósiles recibió 405.100 millones de euros en subsidios en la Unión Europea, frente a los limitados recursos destinados a la acción climática. En España, Arcelor-Mittal, que en 2023 recibió 31 millones de euros en subsidios, además de 450 millones para la descarbonización de su planta en Gijón, ha sido objeto de críticas por no avanzar suficientemente en la transición hacia tecnologías menos contaminantes.
A pesar de la intervención policial, los colectivos involucrados reiteraron su compromiso de continuar con las protestas. «No dejaremos de salir a las calles para exigir que no se utilicen los impuestos para financiar la crisis climática y para reivindicar nuevas formas de participación democrática frente a los retos de la transición energética». Esta acción se suma a otras realizadas por los mismos colectivos en Asturias, como el bloqueo de las instalaciones de Arcelor-Mittal el pasado mayo, que resultó en cargos legales para algunos de sus participantes. Los organizadores señalan que seguirán presionando para fomentar un cambio en las políticas de subsidios y el impulso de alternativas sostenibles
