El «plan de alquiler de vivienda» de la consejería es, para qué engañarnos, la enésima joya de la corona del absurdo intervencionista
En los presupuestos regionales aprobados aparecen muchas absurdas ideas convertidas en números. Una de las más destacadas, y no por su brillo sino por su sombría opacidad, es la de los topes de precios en el mercado del alquiler y la quimera constructora del consejero comunista Ovidio Zapico. Una idea tan desacreditada como contraproducente, que resurge con la terquedad de quien prefiere el dogma al sentido común, empeñada en perpetuar el problema con un entusiasmo digno de mejor causa.
El «plan de alquiler de vivienda» de la consejería es, para qué engañarnos, la enésima joya de la corona del absurdo intervencionista. Una sinfonía de lo reaccionario y lo antipopular que se atreve a disfrazarse de medida progresista, mientras el consejero Zapico, ese trovador del comunismo de salón, recita su habitual oda a la nada argumental. Porque sí, tras sus declaraciones vaguea una intención más vieja que el miedo: el control público de vidas y haciendas, el sueño húmedo del burócrata de manual. Todos atados, todos bajo su batuta, y sobre todo los más necesitados, convertidos en figurantes perpetuos del teatro de la escasez.
La economía, sin embargo, tiene sus propias leyes, aunque a Zapico y compañía esto les importe tanto como la coherencia en sus discursos. El control de precios, ese eterno truco fallido, no hace más que frenar la oferta, disparar la demanda y generar la madre de todas las escaseces. Pero no nos engañemos: de eso se trata. Que falte vivienda para justificar la gran cruzada interventora. Así, mientras el consejero se pavonea como un salvador improvisado, el mercado se convierte en un tablero donde arrendadores y arrendatarios son peones del poder, forzados a bailar al ritmo de una dictadura de precios que nunca resuelve nada.
Y como el absurdo no conoce límites, llega el acto segundo: el parche glorioso. Escasez creada, escasez subsidiada. Si el alquiler no se paga, no hay problema: el contribuyente pone la cartera. Y si el inquilino no puede con el precio, sea de mercado o intervenido, ahí está el erario para rescatarlo. Un círculo vicioso de subvenciones y picaresca, donde los problemas no se resuelven, sino que se perpetúan. Y mientras tanto, Zapico, henchido de orgullo como un artista incomprendido, aplaude su propia obra, creyendo que ha reinventado la rueda.
¿Y la solución real? Ni está ni se la espera. Recuperar la seguridad jurídica, esa que haría aflorar viviendas al mercado, no es ni siquiera parte del debate. Promoción privada de vivienda, ¿para qué? Si con sus “soluciones habitacionales” —léase guetos camuflados en lenguaje técnico— ya tienen bastante. Pero no nos engañemos, porque estos no son ni guetos con pretensiones: son la expresión más cruda del fracaso estatal hecho ladrillo.
Está columna refleja lo de siempre. Que el mercado funciona solito, oferta, demanda y la mano invisible del señor Adam…
No se tiene en cuenta otros factores como la sagrada constitución, que se trátate de un bien de primera necesidad. La regulación de sectores estratégicos, pa que.
Al señor columnista hay que invitarlo a leer la Constitución Española, que deja bien claro que los poderes públicos deben ir contra el rentismo y la especulación inmobiliaria porque la vivienda no es un bien cualquiera que se pueda dejar al libre mercado, es un bien que proporciona un derecho fundamental.
Deja bien claro nuestra constitución que no es aceptable el vivir extrayendo rentas de otros por poseer unas propiedades que uno no necesita: el trabajo, la fuente de bienestar y creación de riqueza para la sociedad, es obligatorio, y la especulación inmobiliaria algo que los poderes deben impedir.
Claro, es preferible cerrar los ojos ante esta parte del articulado, porque nuestro sistema está muy lejos de cumplir con todo esto que es de justicia elemental.
Seguro que, como una gran parte de los políticos, este señor no duda en mentar la carta magna como texto sagrado para otras cosas bastante más irracionales para un demócrata.
Artículo 35: todos los españoles tienen el DEBER DE TRABAJAR y el derecho al trabajo.
Artículo 47: todos los españoles tienen DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA digna y adecuada. LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y ESTABLECERÁN LAS NORMAS PERTINENTES PARA HACER EFECTIVO ESTE DERECHO, REGULANDO LA UTILIZACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO CON EL INTERÉS GENERAL PARA IMPEDIR LA ESPECULACIÓN.
Artículo 128: TODA LA RIQUEZA DEL PAÍS en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad ESTÁ SUBORDINADA AL INTERÉS GENERAL.
No me dan ninguna pena ni rentistas ni especuladores.