La unión de votos de las tres fuerzas deroga una medida ya en vigor y que abarcaba cuestiones tan sensibles como la vivienda, las pensiones o el transporte; sus consecuencias sobre los ciudadanos españoles empezarán a notarse desde este jueves
El Gobierno que preside Pedro Sánchez vuelve a estar entre la espada y la pared. Cumpliéndose así los peores pronósticos posibles, este miércoles Junts per Catalunya cerraba filas con el Partido Popular (PP) y con Vox en el Congreso de los Diputados para dinamitar, con el inestimable apoyo de la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la aprobación definitiva del conocido como ‘decreto ómnibus’ del Ejecutivo central, que abarcaba una amplia batería de medidas a ejecutar en diversos terrenos, incluidos algunos tan sensibles como la vivienda, las pensiones o e, transporte público. Y los hechos son los que son: a la espera de constatar de qué modo se resuelve el actual entuerto político, algunas de las actuaciones estrella de Moncloa, ya en vigor desde la aprobación inicial del documento el pasado diciembre, quedarán sin validez desde hoy mismo. Un escenario atípico que afectará por igual a la totalidad de los españoles. También a aquellos que residen en Asturias.
Así, he aquí las principales alteraciones que la derogación del decreto impondrá…
1. Descuentos en el transporte público. Será, con diferencia, la acción que se perciba de manera más inmediata y radical. Desde este mismo jueves todos los descuentos, que permanecían prorrogados hasta julio de este año, a la espera de la entrada en servicio del billete único de Cercanías, se esfumarán, y lo mismo sucederá con las ayudas estatales a la utilización del autobús. También se verán afectados los descuentos gestionado por los Gobiernos autonómicos y municipales, al desaparecer la financiación del 30% que permanecía en manos del Estado.
2. Revalorización de las pensiones. Otra de las iniciativas en curso que se verá cercenada será la muy comentada revalorización de las pensiones al 2,8%, una subida ejecutada en consonancia con el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), y que habría afectado a cerca de doce millones de ciudadanos. No obstante, y aprovechando la coyuntura, el PP ha adelantado que presentará una proposición de ley para intentar librar de la quema esta cuestión. Paralelamente, el ‘decreto ómnibus’ contemplaba un tope de 3.267 euros para la asignación de pensiones públicas, límite que, ahora, quedará sin validez.
3. Actualización de las bases de cotización. También aquí el bloqueo tendrá efectos presumiblemente importantes por los españoles de a pie. Al fin y al cabo, el texto del decreto preveía la actualización de las bases mínimas y máximas de cotización, jugando con una previsión de ingresos por cotizaciones de 177.314 millones de euros, lo que habría equivalido aun 6,5% más que en 2024. Más aún, de haber salido adelante el decreto, el mecanismo de equidad intergeneracional se hubiese elevado del 0,7% actual a un nada despreciable 0,8%.
4. Bono Social y ayudas al pago del agua y la energía. Ambas aportaciones, pensadas para facilitar el día a día de las familias y colectivos más favorecidos, permanecían en situación de prórroga hasta, al menos, el 31 de diciembre de este año. Una expectativa optimista que, como el resto de las que conforman esta lista, ahora se ha visto disipada por los votos en contra.
5. Desahucios. He aquí una más de las actuaciones que han hecho correr ríos y más ríos de tinta. Con la batería de medidas del Gobierno esfumada, se esfuma también la prórroga de la suspensión de desahucios en el caso de familias que demuestres hallarse en situación de vulnerabilidad. Sin esa estrategia, activa en España desde los tiempos de la pandemia, se regresará al escenario de 2019, haciendo que la expulsión de quienes no abonan los alquileres o hipotecas resulte más sencilla para los propietarios de los inmuebles.
6. Ayudas económicas a los afectados por la DANA y por el volcán de La Palma. Sin ‘decreto ómnibus’, queda en el aire la ampliación de los préstamos con los que se pretendía asistir a los damnificados por la DANA que asoló el Levante español, al igual que la prórroga de las ayudas económicas que, desde la erupción de 2021, se le llevan suministrando a los perjudicados por la erupción del volcán de La Palma.
