El concejal Pelayo Barcia advierte de que la capacidad de maniobra del Ayuntamiento para compensar la anulación de los descuentos en el transporte es «limitada», y alerta de que, en el escenario actual, la tarjeta ConeCTA podría ser más competitiva que la Ciudadana
Ha sido, por ahora, la bomba política de esta semana. Mediada la tarde de ayer miércoles la extraña mezcla de votos en contra del Partido Popular (PP), de Junts per Catalunya y de Vox, apoyada por la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN), daba al traste con el conocido como ‘decreto ómnibus’ del Gobierno central, enterrando o, al menos, fijando una fecha de caducidad muy escueta para algunas de las medidas estrella del Ejecutivo, aprobadas inicialmente el pasado diciembre. Entre ellas, la batería de ayudas al transporte público, incluidos los descuentos en los billetes y abonos ferroviarios que deberían haberse mantenido en vigor hasta este mes de julio, y que desde hoy son cosa del pasado. Semejante jarro de agua fría obliga a las Administraciones autonómicas y municipales a maniobrar de urgencia para tratar de compensar, en la medida de lo posible, sus inminentes efectos. Y Gijón ya se ha puesto manos a la obra… Llegando a la inevitable conclusión, sin embargo, de que su margen de actuación es tristemente limitado.
«Los Ayuntamientos no tenemos ni las herramientas legales, ni el presupuesto suficiente para mantener estas medidas por sí solos«, reconocía ayer el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, consciente de que las arcas de la ciudad no pueden resistir en soledad el peso de la millonaria inversión que requeriría la preservación de los descuentos. De ahí que, a juicio del edil forista, ahora la pelota esté en el tejado del Gobierno autonómico, siendo la que pueda adoptar el Principado «una decisión muy importante». Y, para ejemplo, un botón: la diferencia de competitividad a bordo de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte Urbano (EMTUSA) entre la Tarjeta Ciudadana y la ConeCTA regional. Y es que, si hasta ayer los viajes con la primera costaban individualmente 0,38 euros, y 0,45 con la segunda, ahora, advertía Barcia, «esa situación se invierte: el precio con la Tarjeta ConeCTA, si se mantiene, pasaría a ser menor que los 0,75 euros que habría que volver a pagar con la Ciudadana».
En todo caso, el concejal del ramo aprovechó su comunicado de ayer para recordar, valiéndose de precedentes, que el Gobierno central aún podría haber demorado un poco la supresión de los descuentos, retrasando unos días la publicación de la no convalidación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). En ese tiempo, en Moncloa aún podrían «convocar un Consejo de Ministros extraordinario para volver a aprobar, con carácter provisional, este decreto, u otro que contenga estas ayudas; el mismo día que se publique la no convalidación, sería factible publicar un Real Decreto con efecto durante hasta treinta días hábiles, o hasta que nuevamente fuese votado en el Congreso». Todo ello, sin embargo, «volvería a pasar por Waterloo y Génova», en referencia a la potencial oposición de Junts y del PP. Por último, Barcia no finalizó sin justificar, en cierto modo, la anulación del decreto. «Aglutinaba algunas medidas muy perjudiciales para el mercado del alquiler, como la prórroga de la suspensión de desahucios en los casos de impago, u otras decisiones obscenas para el patrimonio público, como regalarle al PNV un palacete propiedad de la Administración Pública en Paris. Ningún descuento al transporte vale la vulneración de la propiedad privada que estaba vigente desde 2020«, concluyó.
