Un informe elaborado por la Consejería de Vivienda confirma que en todos los distritos del municipio, salvo en las parroquias rurales, el precio medio del metro cuadrado en alquiler supera los diez euros y, en algunos casos, roza los once
No es ni solamente Cimavilla, ni La Arena, ni el casco urbano de la ciudad… No, no… Es toda Gijón, con la única excepción de sus parroquias rurales, la que, ante la imparable evolución de los precios en el mercado inmobiliario, corre el riesgo de ser declarada ‘zona tensionada’. Así, en bloque. Esa es la alarmante conclusión a la que ha llegado la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, tras analizar los resultados de cierto estudio centrado en esa polémica cuestión. Y es que, hoy por hoy, los distritos Centro, Este, Sur y Oeste, así como El Llano, reúnen las condiciones para ostentar ese dudoso honor, al presentar precios medios del metro cuadrado en régimen de alquiler superiores a diez euros. De hecho, en algunos casos ese valor roza los once euros, una cuantía impensable hace pocos años, por ejemplo, en los barrios más occidentales de la ciudad.
Ha sido el propio consejero del ramo, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, quien ha trasladado personalmente los resultados de dicho informe a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el marco de una reunión celebrada en la mañana de este miércoles. Zapico, quien ha descrito el encuentro con la regidora como «sumamente agradable y respetuoso», ha confirmado que la pretensión del Principado no es afear lo que sucede en la ciudad, sino «buscar y poner puntos en común que nos permitan dar respuestas a estos problemas que sufre la ciudadanía». Por el momento, Cimavilla y La Arena se perfilan como los primeros focos de intervención en el futuro cercano. En ambos casos, el área que preside Zapico atenderá la petición formulada desde el Consistorio, y tomará medidas para declararlos ‘barrios tensionados’, con la esperanza de que esa maniobra contribuya, más pronto que tarde, a «hacer asequibles los precios de la viviendas».
Precisamente para ello, la Consejería está elaborando un segundo estudio, esta vez centrado en construir «un armazón jurídico» que blinde dicha declaración. La confianza de Zapico es que, en ausencia de imponderables, el documento resultante esté en manos de las Administraciones competentes «esta primavera»; a partir de ese instante, los Gobiernos municipal y autonómico volverían a sentarse frente a frente para concretar las medidas a aplicar una vez que Cimavilla y La Arena obtengan las ansiadas declaraciones. Y, aunque equivale a vender la piel del oso antes de cazarlo, el consejero alberga esperanzas de que ese último encuentro pueda producirse antes de que finalice el año en curso.
