El Gobierno defiende medidas urgentes para frenar la enfermedad, mientras la oposición acusa de no actuar a tiempo. Los ganaderos, enfadados, advierten que las decisiones podrían hundir sus explotaciones
El Pleno extraordinario del Principado de Asturias ha desvelado la fractura entre el Gobierno autonómico y los ganaderos asturianos a raíz del brote de tuberculosis bovina en Tineo, donde 54 ganaderías ya se ven afectadas. La sesión, solicitada por el Partido Popular y Vox, evidenció las profundas diferencias sobre cómo gestionar la crisis sanitaria que amenaza tanto a la salud pública como a la economía ganadera.
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, defendió las medidas adoptadas, asegurando que la situación es “crítica” y que es imprescindible actuar para evitar que la tuberculosis bovina se expanda y ponga en peligro el estatus de Asturias como zona libre de la enfermedad. Con 252 casos de tuberculosis detectados en 2024 y Tineo como epicentro, Marcos destacó que no se trata solo de una crisis ganadera, sino de un problema de salud pública: “Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado”.
Sin embargo, la oposición y el sector ganadero tienen una versión distinta. El Partido Popular acusó al Gobierno de “negligencia” por no controlar adecuadamente la fauna salvaje, especialmente los jabalíes, que serían los principales reservorios de la enfermedad. Vox fue aún más contundente, pidiendo la dimisión de Marcos y acusándolo de hundir a las ganaderías de Tineo. Ambos partidos pidieron más controles en los animales salvajes y una revisión de las pruebas de diagnóstico.
En el exterior de la Junta, varios ganaderos se manifestaron, visibilizando el descontento con el manejo de la crisis. Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), denunció que las medidas impuestas podrían “condenar a la ruina” a muchas explotaciones, y anunció que su sindicato llevará las decisiones a los tribunales. Los ganaderos exigen un cambio en la estrategia y lamentan la falta de diálogo con la administración.
El debate, lejos de cerrarse, abre una profunda división sobre cómo equilibrar la protección de la salud pública con la viabilidad económica del sector ganadero. En un momento crítico para la ganadería asturiana, la tensión política y social puede estallar en cualquier momento.
