La consejera de Salud, Concepción Saavedra, prevé encargar a Tragsatec la redacción del proyecto antes de esta primavera, mientras califica de «muy injustas» las acusaciones de falta de transparencia en torno a la rescisión del contrato anterior
Asturias todavía no se ha recuperado por completo de los efectos del terremoto mediático que supuso el anuncio, hecho a finales de enero, de la rescisión unilateral, por parte del Principado, del contrato de ampliación del Hospital de Cabueñes, suscrito con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por el Grupo FCC y la compañía Los Álamos. Aún hoy soy muchas las incógnitas que orbitan en torno a semejante decisión, que han llevado a que en varios sectores, especialmente desde las filas de la oposición política autonómica, se esté acusando al Gobierno asturiano de falta de transparencia. Y este martes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha alzado su voz por encima del estruendo de dicha tormenta para trasladar lo que se presume como una buena nueva: si las previsiones actuales del Ejecutivo demuestran ser acertadas, esta misma primavera se podría encargar a la empresa pública Tragsatec la redacción de un nuevo proyecto, con la mirada puesta en que las obras comiencen, o recomience, a lo largo del próximo año, una vez se resuelva el proceso de licitación. Ese último también se confía en que quede resuelto antes de finalizar 2025.
«Ahora estamos centrados en el cierre de las obras y elaborando toda la documentación que será la base de la nueva contratación, y todo este proceso queremos finalizarlo a lo largo de la primavera para luego, junto con Trasactec, encargar un proyecto más ambicioso«, ha asegurado Saavedra, en respuesta a las preguntas sobre el particular que se le han formulado en la Junta General del Principado. Eso, por lo que respecta al futuro de Cabueñes, en tanto en cuanto la relación con la UTE es, a ojos del equipo de Gobierno asturiano, cosa del pasado. Y es que, tal como ha proseguido hoy la consejera, «estamos esperando las alegaciones por parte de la constructora», toda vez que la anulación del anterior acuerdo es ya un hecho consumado, motivado por el incumplimiento de plazos por parte de la adjudicataria. «No se cumplían los hitos establecidos en el programa de trabajo o de obra (…); este es el elemento determinante y objetivo de la decisión«, se ha justificado Saavedra, incidiendo en que «bajo esos retrasos están las pretensiones económicas de la empresa, que eran muy distantes a las posibilidades que dentro de la relación contractual nos ofrecen el marco normativo y la legalidad».
«Se hacían controles, y hay un acta de cada una de esas visitas; también un informe en cada una de las certificaciones que se pagaron a la constructora»
Concepción Saavedra, consejera de Salud del Principado
Siempre según las declaraciones hechas por la responsable de Salud, el escenario de los trabajos era visitado cada quince días, para supervisar y controlar su correcta evolución. «Se hacían controles, y hay un acta de cada una de esas visitas; también un informe en cada una de las certificaciones que se pagaron a la constructora«, ha ahondado. Y fue precisamente el contenido de dichos informes, emitidos a los técnicos, el que justificó la imposición, el 6 de febrero del año pasado, de la que fue la primera penalidad sobre la UTE, por un importe total de 2,7 millones de euros; ese proceso se dio por completado el 27 de diciembre. «En todo este tiempo hemos intentado aumentar el ritmo de las obras y llegar a un acuerdo con la empresa«, ha apuntado la consejera, sin negar que adoptar la decisión de rescisión fue «difícil», ya que «conlleva necesariamente una demora del proyecto», si bien «no tomarla tampoco era una garantía de que el resultado final fuera a ser más ágil; sobre todo a la vista de la marcha de las obras, porque las certificaciones fueron bajando a partir de octubre hasta llegar a unas muy pequeñas, de 371.000 euros en diciembre».
Con todos los detalles anteriores sobre el tapete, a Saavedra le parece «muy injusto» que tanto a ella como al bloque del Gobierno autonómico se les haya criticado por una supuesta falta de transparencia. Sin embargo, esta mañana la oposición no ha aflojado la presión de esa dentellada política. Desde la bancada del PP la diputada Pilar Fernández Pardo ha hecho referencia a la «nueva frustración por otra obra, por otro proyecto que se viene abajo, y con los mismos responsables«, además de enfatizar el valor real de Cabueñes, «mucho más que un hospital para Gijón», y de censurar que «llevamos diez años de un recorrido que ha llevado a tener un esqueleto de edificio, y un devenir absolutamente incierto». A ese respecto, la voz de los populares ha concluido reflexionando sobre que «poner unos precios un 35% por debajo de los de mercado, ya lo decían los promotores y constructores, no era viable; por lo tanto, estaba ya abocado a que ocurriera esto«. Más incisivo aún ha sido el portavoz de Foro, Adrián Pumares, desconfiado en cuanto al cumplimiento de los nuevos plazos presentados. «No sé por qué motivo tenemos que creernos ahora que van a empezar las obras en 2026 y, sobre todo, no nos lo vamos a creer mientras no haya quien asuma responsabilidades por una licitación fracasada«, ha aseverado.
