El informe de alegaciones que el ya exdirector presentó al Patronato desmonta el grueso de las acusaciones contra su gestión que recoge el texto de la Inspección General de Cultura; el bloque crítico que alimentó ese último documento afirma, sin pruebas, que el grueso de la plantilla ha aplaudido la destitución, y el Principado se niega a hacer nuevas declaraciones
No ha llegado aún al nivel de impacto y trascendencia de casos como el ‘Filesa’, el ‘Banesto’ o, echando la vista más allá del Atlántico, el celebérrimo ‘Watergate’, pero el reciente cese fulminante de Pablo de Soto como director-gerente de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, pese a no incluir, de momento, ningún elemento que apunte hacia hechos delictivos, sí ha desatado en Asturias en general, y en su comunidad artística en particular, una expectación marinada con indignación que mantiene las atenciones fijas en cualquier novedad. Sobre todo desde que, esta misma semana, se supiese que el 24 de enero De Soto presentó ante el Patronato de la Fundación que administra el equipamiento un extenso informe de alegaciones diseñado para desmontar el grueso de las acusaciones contra su gestión recogidas en el dosier elaborado previamente por la Inspección General de Servicios de la Consejería de Cultura, y que, en último término, motivó la destitución del ya exdirector. A ese conjunto de alegaciones, ampliamente documentadas y sostenidas por diversos anexos, estudios y escritos, ha tenido acceso miGijón; algo que, por ahora, no puede decirse del Principado, principal patrono de la Fundación, que se ha negado a facilitar nueva y más extensa información sobre las razones del despido de De Soto.
Antes de entrar de lleno en el contenido de dichas alegaciones, conviene refrescar lo poco que se sabe hasta la fecha de las motivaciones de la cesión, conocida este mismo lunes. Aquel día el Patronato adujo «pérdida de confianza» en la labor de De Soto, una breve justificación que, al día siguiente, el Ayuntamiento de Gijón amplió con la igualmente escueta afirmación de que «las cifras son muy mejorables». Todo ello, según el informe emitido por la Inspección General de Servicios (y disponible en el Portal de Transparencia del Principado), que centra sus críticas en dos grandes cuestiones: por un lado, la desatención de algunas de las responsabilidades inherentes al cargo de director-gerente, como la administración económica o la coordinación de equipos; por otro, las graves deficiencias financieras detectadas. Dos ejemplos de esto último, siempre tal como recoge el documento de la Inspección, serían el «deterioro de la tesorería«, con «una caída del 55,35% de las disponibilidades líquidas» entre 2022 y 2024, y la «reducción de los activos corrientes en un 54,18%» en el mismo periodo, algo que, advierten los autores del texto, «podría afectar negativamente a la actividad de la Fundación si no se acompaña de una reducción similar en los pasivos corrientes». Finalmente, se destaca la existencia de la consignación como gasto de dos cobros, uno de la aerolínea Lufthansa por valor de 50 euros, y otro de 15,65 euros, a nombre de la pareja de De Soto, y de una factura, de cuantía no especificada en el informe, a nombre de un tal A. G. R., que no resultó imputable a ningún expediente o actuación de la Fundación.
«Por el bien de tu futuro, que no te envenene ninguno de los dos bandos», recogen la alegaciones que la jefa de Servicios Generales, crítica con De Soto, advirtió a una empleada de LABoral
En cuanto a las tareas supuestamente ignoradas por De Soto, todas las críticas sobre el particular parten del testimonio de una única persona: la jefa del Área de Servicios Generales y Recursos Humanos de LABoral, Ana Isabel Menéndez Rodríguez, exconcejala de Ciudadanos en el Consistorio gijonés entre 2019 y 2023, y que ostenta dicho puesto desde 2007. Las aportaciones de Menéndez incluyen aseveraciones como que De Soto «no parece percibir la importancia que tiene para su trabajo el conocimiento a fondo de la normativa«, o que en diciembre de 2023, en plena elaboración del presupuesto del año ahora en curso, el director «se tomó unos días de vacaciones«, teletrabajando desde Barcelona, «pese a las insistencias de la plantilla de que su presencia era necesaria«. Acusaciones como la celebración de escasas reuniones y actuaciones en común, la reticencia de De Soto a involucrarse en cuestiones de gestión, su ausencia en el seguimiento de los proyectos, o su orden de tapar las luces de emergencia para no perjudicar determinadas exposiciones artísticas completan el catálogo ofrecido por Menéndez y plasmado en el informe; eso sí, incidiendo reiteradamente en el carácter de testimonio particular del mismo, sin que existan en el documento más pruebas que su palabra. Por último, el informe afirma que la plantilla llamó la atención a De Soto sobre cierto proyecto titulado ‘Utopia is not an island’, en el que la pareja de De Soto figuraba como curator, presentado como candidato el Premio Pabellón Europeo y que, de haber sido seleccionado, podría haber supuesto para la pareja del director el embolso de 28.000 euros.
Todo lo anterior llegó en bloque a conocimiento de De Soto el 13 de noviembre, día en que el informe de la Inspección General de Servicios de Cultura cayó en sus manos. Y, aunque no contaba conque el resultado último fuese su cese, de inmediato comenzó a recabar toda la documentación y las pruebas posibles para armarse e intentar desmontar las distintas acusaciones. El material recopilado como cimiento de esas alegaciones, consultado pormenorizadamente por miGijón, es rico, variado aparentemente sólido y, a menudo, notablemente incisivo. De entrada, apunta a la existencia de una suerte de ‘bloque crítico’ opuesto a De Soto desde el mismo momento de su llegada, en marzo de 2022, encabezado por Ana Isabel Menéndez y completado por el delegado sindical de la plantilla de LABoral y por la secretaria de dirección. Los tres, convencidos de estar asumiendo el grueso de la creciente carga de trabajo de la institución, habrían mostrado «una actitud contraria al resto de la plantilla«, llegando a advertir de que «tomarían medidas» si no se contrataba a más personas, y acusando al director de estar incurriendo en un «trato despótico«, falto de «instrucciones» y «sin liderazgo». Algo que, en sus alegaciones, De Soto rechaza, aportando para ello hasta cinco comunicados, tres firmados por trabajadores estructurales de LABoral y dos por temporales (la plantilla del centro la conforman siete y cinco, respectivamente), que lo describen como un superior «exigente» y «ambicioso en el buen sentido«, un «revulsivo interno y externo«, que «anima a participar» y que «mejoró las condiciones de trabajo«.
Fuentes cercanas a De Soto teorizan que el descontento puede deberse al aumento de la carga de trabajo, fruto de los mejores resultados del centro
El informe de alegaciones de De Soto incluye algunos pasajes bastante más sombríos. Sin ir más lejos, relata cierta presunta conversación entre la jefa del Área de Servicios Generales y una trabajadora, convocada por la primera con un pretexto distinto al real. En el transcurso de la misma, Menéndez habría dicho a la empleada que en LABoral existían «dos bandos», advirtiéndola, «por el bien de tu futuro», de «que no te envenene uno de ellos», y recordándole que ella, dada su condición de exedil, contaba con «influencia» y tenía «mucho cuajo, porque he estado en política». Todo ello figura por escrito en un documento rubricado por la trabajadora en cuestión y al que, como lo anterior, ha tenido acceso este diario. En todo caso, las alegaciones sí conceden un incremento de la exigencia laboral general, fruto del aumento de las actividades y de la afluencia de público. Fuentes cercanas a De Soto defienden la hipótesis de que parte del descontento del bloque crítico puede hallarse ahí, en esa mayor carga de trabajo en comparación con tiempos pasados, pero que el director tomó medidas para compensarlo. Por ejemplo, y esto sí lo recoge el informe, se decidió externalizar el servicio de Información y trasladar a las dos trabajadoras que lo gestionaban a Servicios Generales. En cuanto a la presunta ausencia de De Soto en diciembre de 2023, coincidiendo con la realización de los presupuestos, en sus alegaciones el exdirector insiste en que teletrabajó hasta el 26 de dicho mes, momento en que se presentaron al Patronato las cuentas y el Plan de Contenidos para 2024; sólo entonces disfrutó de dos días libres que, por otra parte, le correspondían legalmente.
El documento confeccionado por De Soto también trata de desmantelar otros aspectos más técnicos. En particular, los de índole contable. Para empezar, rechaza de todo punto las malas cifras que, según la Inspección General, se constataron en tesorería y en el activo corriente, esgrimiendo un contranálisis encargado al despacho Fidelitas que asegura que el fondo de tesorería pasó de 152.714,62 euros en 2022 a 158.002,44 al año siguiente, y a un máximo de 398.281,05 en 2024. A la misma conclusión llega ese despacho externo en lo concerniente al activo corriente, que entre 2022 y 2024 pasó de 380.079 euros a 632.956,65 y a 545.611,04, sucesivamente. Pero es que, incluso, el fondo de maniobra de LABoral, fruto de la suma del activo con el pasivo corriente, aumentó en ese periodo, al crecer de unos discreto 41.763,57 euros en 2022, a 108.253,15 en 2023, y a 123.788,94 el año pasado. En cuanto a los cargos a nombre de su pareja, los 50 euros que hubo que abonar a Lufthansa se debieron a «una maleta con libros, catálogos y otras publicaciones» que olvidaron facturar de camino a una actividad de LABoral, y se compensaron inmediatamente. Más complejo es el caso de la factura a nombre de A. G. R.; pese a la falta de detalles en el documento de la Inspección, De Soto cree que esa partida se refiere a los pagos hechos al desarrollador Alejandro González Rodríguez por la renovación de la página web del centro, un encargo por el que habría cobrado 1.696 euros en concepto de intervención creativa, 1.402 por el diseño, y otros 400 por el desarrollo y el mantenimiento del resultado.
Desde el entorno del exdirector critican que se hayan tomado como hechos lo que son, a su entender, puntos de vista personales
Incluso el supuesto conflicto de intereses que podría haber entrañado la concurrencia del proyecto ‘Utopia is not an island’, vinculado a la pareja de De Soto, al Premio Pabellón Europeo es abordado en las alegaciones. Frente a las afirmaciones de la jefa de Servicios Generales de que la plantilla le advirtió de ello, el exdirector de LABoral argumenta que fue él mismo quien se lo notificó al director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, el 28 de noviembre de 2023, recalcando que, con ello, el centro cultural podría haber logrado un beneficio de 500.000 euros, concedidos por la European Cultural Foundation. Más aún, De Soto incide en que el papel de su pareja, curator del proyecto, fue «una colaboración», no un contrato de asistencia técnica suscrito con LABoral, lo que ahorró a la institución «entre 6.000 y 9.000 euros». En último término, el autor de las alegaciones hace mención a cierta factura cuyo importe se modificó al alza, igualmente recogida en el informe de la Inspección, explicando que corresponde a la obra audiovisual ‘Asturias, refugio climático’, dirigida por Nadia Penella y por el propio De Soto, inicialmente concebida como cortometraje pero que, a la postre, se convirtió en un documental de cincuenta minutos que llegó a concurrir en la edición de 2023 del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Y termina disparando contra otro foco de críticas, las aclaraciones pedidas por la Sindicatura de Cuentas el 5 de diciembre de 2024, preocupada por el desajuste entre ingresos y gastos de LABoral. Sobre ese particular, las alegaciones conceden que en 2023 las subvenciones percibidas fueron de 725.000 euros, mientras que los gastos ascendieron a 867.080, pero recuerdan que el centro «recibe dinero por ingresos propios», y no mediante ayudas.
Aunque reacio a hacer declaraciones De soto, consultado por el contenido del informe de alegaciones, critica en primer lugar que se hayan tomado como hechos incuestionables lo que, a su entender, no son sino puntos de vista personales de la jefa de Servicios Generales. También censura que las visitas de los inspectores, ocurridas los días 17 de mayo y 6 y 17 de junio de 2024, coincidiesen con momentos en los que él mismo se encontraba de baja por paternidad y, por tanto, ausente. Pero, sobre todo, carga contra las formas escogidas para apartarle del puesto. Al fin y al cabo, existen otras fórmulas como las mesas de negociaciones o la apertura de expedientes que, recuerda, dan pie a que todas las partes se expresen y se defiendan. En cambio, el cese fulminante es un recursos reservado para casos de irregularidad flagrante, algo que, tanto a la vista de las alegaciones como de los buenos resultados cosechados por LABoral, no parece justificado en absoluto. Desde la comunidad cultural y artística asturiana ya se habla, aunque con la boca pequeña por temor a posibles consecuencias negativas, de intereses políticos ocultos o, incluso, de una maniobra deliberada pensada para acabar con LABoral. Sea como sea, y al margen del ámbito de las puras y simples elucubraciones e hipótesis, esa misma comunidad ha expresado su apoyo a De Soto; hace dos días la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) emitía un comunicado en defensa de la gestión del exdirector, y varios creadores se han puesto públicamente de su lado. Incluso está ganado fuerza una recogida de firmas ciudadana, bajo el eslogan ‘Puxa LABoral’, como muestra de rechazo general a la polémica decisión.
«La mayoría de la plantilla está con nosotros», aseguran desde el bloque crítico
En la Consejería de Cultura no se han mostrado partidarios de contribuir a disipar la bruma de la incertidumbre que sobrevuela los hechos recientes. Los distintos intentos de miGijón por contactar con Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio y, a la sazón, sustituto temporal de De Soto al frente de LABoral hasta que se escoja a su reemplazo formal, han obtenido la negativa por respuesta. En cambio, quienes sí se han prestado a hablar han sido la jefa del Área de Servicios Generales y Recursos Humanos de LABoral, Ana Isabel Menéndez, y el delegado sindical de la plantilla, cuya identidad, al ser una persona sin proyección pública pasada o presente, se ha preferido mantener en el anonimato. Si bien admiten no haber tenido acceso al contenido de las alegaciones, afirman verbalmente, pero sin aportar más prueba que su palabra, que «la mayoría de la plantilla suscribe todas las afirmaciones del documento de la Inspección General y, por supuesto, niega categóricamente que yo misma, o cualquiera de mis dos compañeros acusados, hayamos acosado, intimidado o amenazado a nadie«. En ese sentido, aseguran que en la institución en cuestión «existe un protocolo contra el acoso, y nadie pidió activarlo«; acusan al exdirector de «otorgarnos un poder que no tenemos», y le advierten de que, «en caso de que no deponga su actitud de desprestigio, estudiaremos cualquier tipo de acción legal para defendernos«. Eso sí, lo hacen rogando que «se deje a la plantilla al margen de todo esto; sobre todo, a los temporales. Lo único que queremos es seguir trabajando, y hacerlo lo mejor posible, por el bien de LABoral y de su futuro».
Borja Pino, es una irresponsabilidad de tu parte y de este medio, realizar un texto que no tiene contenido, confunde, desprestigia.
No se donde has estudiado periodismo, si te quieres hacer el Colombo, deberías estudiar más.
Por ejemplo investigar : que es un centro de arte? que hace el patronato? quién es Ana Isabel Menéndez Rodríguez? ha ejercido su puesto en Laboral mientras era edil? entre otras cosas.
No se puede ir por ahí escribiendo sin más.
«Fue él mismo quien se lo notificó al director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, el 28 de noviembre de 2023, recalcando que, con ello, el centro cultural podría haber logrado un beneficio de 500.000 euros»
Está claro quien manda