La reforma dará al trabajador la opción de seguir en su empleo. Se apuesta por la adaptación del puesto y una mayor inclusión laboral
El Congreso de los Diputados está tramitando una reforma del Estatuto de los Trabajadores que supondrá un cambio importante para las personas que reciben una pensión de incapacidad permanente. El objetivo es claro: eliminar el despido automático y dar al trabajador la posibilidad de decidir si quiere seguir en la empresa.
“Es un avance muy relevante que pone fin a una práctica injusta y obsoleta”, explica el asturiano Adrián Rivas, abogado laboralista en Servanda Abogados. “Hasta ahora, una persona que conseguía una pensión por incapacidad veía extinguido su contrato de forma automática, sin tener en cuenta su voluntad ni sus posibilidades reales de seguir trabajando en otro puesto o con una adaptación”.
Con esta reforma, ya aprobada en sus primeras fases, se plantea un nuevo escenario más flexible. Las enmiendas propuestas por varios grupos parlamentarios también incluyen cambios en el lenguaje legal, como sustituir “Gran Invalidez” por “Gran Incapacidad” y “invalidez no contributiva” por “incapacidad no contributiva”.
Pero, ¿qué implicaciones prácticas tendrá para los trabajadores?
Una vez reconocida la incapacidad permanente, la persona podrá:
- Solicitar una adaptación de su puesto actual, si puede ajustarse a sus nuevas condiciones.
- Cambiar a otro puesto vacante dentro de la empresa, compatible con su perfil y situación.
- Negociar su salida solo si no hay alternativas, evitando el despido automático.
La realidad acompaña a la reforma nos comenta el letrado de Servanda Abogados: ‘‘Muchos despidos por extinción automática son considerados nulos por no realizar esos ajustes razonables. Es la razón que hace meses que las empresas están actuando en su mayoría con cautela realizando ajustes para adaptarse a la futura reforma’’.
Además, habitualmente tras una baja por enfermedad o accidente es obligatorio que el servicio de prevención de la empresa, valore si la persona es apta, o no para el puesto de trabajo, o adaptable a la persona según las circunstancias de la empresa. Siendo que la reforma profundizará en esos aspectos.
Según Adrián Rivas, “este cambio favorece una mayor inclusión laboral y evita que muchas personas queden fuera del mercado solo por una etiqueta administrativa. Además, aporta seguridad jurídica también para las empresas”.
La reforma también busca desvincular la incapacidad permanente de otras causas de extinción del contrato, como el fallecimiento del trabajador, lo que ayudará a clarificar el marco legal y a proteger mejor los derechos de las personas afectadas.
En definitiva, se trata de una modificación legislativa que puede mejorar significativamente la vida laboral de miles de personas. “Poner a la persona en el centro, incluso cuando su salud cambia, es un paso adelante hacia un modelo laboral más humano y equitativo”, concluye Adrián Rivas.
