Mientras el Gobierno de Castilla y León duda de que ese trámite llegue a buen puerto, en Asturias los sindicatos y Covadonga Tomé piden al Ejecutivo «depurar responsabilidades» por el accidente en Degaña, el PP exige a Barbón que dé explicaciones, y el TSJA llama a respetar la actuación del juez
Han pasado ya cinco días del accidente ocurrido el pasado lunes en la mina de Cerredo, en Degaña; el mismo en el que perdieron la vida cinco trabajadores de la compañía Blue Solving, y del que otros cuatro profesionales salieron heridos. Desde entonces, y mientras prosigue la investigación para dar respuesta a los muchos interrogantes que envuelven aquella tragedia, la explotación asturiana en cuestión permanece clausurada… Y parece que lo mismo ocurre con las aspiraciones del que es el único socio de dicha empresa, Adrián Rodríguez, de ampliar sus actividades a la comarca leonesa de Laciana. Según confirmaban este jueves fuentes de la Junta de Castilla y León, desde el pasado diciembre está en barbecho el trámite iniciado por Rodríguez para que otra corporación a él ligada, Cristal Mining Coal, de la que es administrador, abra una explotación en Sosas de Laciana, en Villablino. ¿La razón? La detección de carencias documentales en lo concerniente a los informes ambientales. Y en la comunidad vecina, confiesan, no ven claro que la maniobra vaya a llegar a buen puerto…
«No sé yo si será la intención de la empresa renunciar al proyecto…», reflexionaba ayer Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León. Él mismo aclaró que el Gobierno al que pertenece emitió un informe el 20 de diciembre de 2024 para comunicar a Cristal Mining Coal que no se daba luz verde al proyecto, por carencias en la documentación. Y es que, prosiguió Carriedo, la presentación completa de los informes ambientales resulta imprescindible, toda vez que la iniciativa de Rodríguez implica realizar trabajos sobre un monte de utilidad pública. Sin embargo, en estos meses la resolución emitida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León no ha recibido respuesta de la compañía minera, y ya circulan teorías acerca de la posibilidad de que esa apuesta sea, finalmente, abandonada. Sea como sea, zanjaba ayer Carriedo, «podemos garantizar, como Junta de Castilla y León, que nunca vamos a autorizar una instalación que no reúna todos los requisitos de la máxima seguridad que son exigibles«.
«Debemos ser rápidos en averiguar las causas, pero también concisos; ir lentos, pero seguros»
José Luis Alperi, secretario general del sindicato minero SOMA-Fitag-UGT
Mientras así se expresaban en suelo castellanoelonés, en Asturias proseguía, y aún lo hace, el tira y afloja entre Gobierno autonómico, oposición política y entidades sindicales por el papel de cada uno de tales actores en el escenario abierto por el accidente de Degaña. Este viernes el secretario general del sindicato minero SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha alzado la voz para recordar la necesidad, una vez concluyan las pesquisas en curso, de «depurar responsabilidades», y ha insistido en que, ante situaciones como la vivida en lunes, si se demuestra que los empresarios han sido negligentes, a la Administración pública no le puede «temblar el pulso» a la hora de exigir la imposición de penas de prisión. «El trabajo no puede costar vidas en ningún ámbito, en ningún sector», ha repetido, como ya hiciese en las horas posteriores a la tragedia; y ha llamado a «ser rápidos en averiguar las causas, pero también concisos; ir lentos, pero seguros», a fin de disipar los «rumores» que orbitan en torno al suceso, y de que salga a la luz, de una vez por todas, la verdad.
Precisamente la reclamación de identificar y hacer pagar justamente a los posibles responsables del accidente de ha abierto paso en las intervenciones de buena parte del espectro político asturiano en la oposición durante las últimas veinticuatro horas. Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha clamado esta mañana por la definición de «responsabilidades», tanto políticas como administrativas, «y a todos los niveles»; y ha advertido de que dará «un plazo razonable para que esto sea así», transcurrido el cual, «si no hay respuesta, si no hay información (…), habrá que poner en marcha todas las herramientas necesarias para forzarlo». Más tajante se mostró ayer el portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, quien dirigió su atención al Gobierno, insinuando que obró «con negligencia o, cuanto menos, con poco interés» tras tener conocimiento de la explosión en la mina de Cerredo, y responsabilizando de ello tanto a la titular autonómica de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, como al presidente, Adrián Barbón, a quien pidió que «dé la cara, que deje de esconderse detrás de la consejera y que diga lo que va a hacer».
«Creo que es nuestro deber esclarecer los hechos para que, en la medida de nuestras posibilidades, no se repitan nunca más»
Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias
La posibilidad de una comparecencia del Ejecutivo también estuvo ayer en boca del líder del PP regional, Álvaro Queipo, quien adelantó que reclamará dicha intervención de Barbón y de Díaz en el Pleno para que den explicaciones. «Creo que es nuestro deber esclarecer los hechos para que, en la medida de nuestras posibilidades, no se repitan nunca más; se lo debemos a los fallecidos, a los heridos, a sus familiares y amigos, y también a toda la sociedad asturiana», acotó Queipo, no sin antes teorizar con el «conocimiento», por parte «de Barbón; de los ex consejeros y hoy presidente de HUNOSA, Enrique Fernández, y presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y de Belarmina Díaz», de «las informaciones que se han publicado, y que se están publicando, y que hablan de extracciones no autorizadas, de actuaciones irregulares, de cambios de nombre de la empresa para seguir operando, de accidentes previos y de avisos vecinales ante una actividad que se consideraba inusual». Finalmente, la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, ha centrado el tiro en la composición de la Comisión Especial de Investigación, integrada por los mismos miembros de la Comisión Regional de Minería, un detalle, a su juicio, «absurdo», en tanto en cuanto «van a investigar sobre ellos mismos».
Frente a tales expresiones desde la bancada de la oposición, el Gobierno ha tratado de presentar un frente defensivo dialéctico. De hecho, la mencionada Belarmina Díaz, reiteró este jueves que Blue Solving superó hasta ocho inspecciones en los últimos veinticuatro meses, sin que nunca se detectase actividad anormal alguna. «Los permisos estaban en regla; lo que no está en regla son actuaciones, que es lo que hay que investigar ahora, y lo que hay que ver es lo que ha ocurrido con Blue Solving en este caso», aseveró, comprometiéndose, una vez más, a «llegar hasta el final» en la investigación, aunque sin ocultar que la misma «será larga», por lo que requerirá paciencia. Un punto acerca del cual también se pronunció ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, rogando que «se respete la actuación y la independencia del juez que esté al frente del Juzgado de Cangas del Narcea. El magistrado también puntualizó que, el día del accidente, «todo se solventó adecuadamente; las autopsias se realizaron en tiempo y forma, y los cadáveres se entregaron a la familia en un tiempo récord». Y concluyó invitando a la prudencia y a la paciencia, toda vez que la investigación se halla aún en un estado inicial, y que, «en estos primeros días, estamos en una fase previa en cuanto a la investigación en manos de la Policía Judicial».
