Los colectivos ecologistas ya han respondido a la medida, y anuncian acciones legales contra lo que entienden como una «estrategia de criminalización del lobo»
El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado el borrador del programa anual de control del lobo 2025-2026, que prevé autorizar la extracción de un máximo de 53 ejemplares en todo el territorio autonómico, una medida que se retoma tras la reciente exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que permite al Ejecutivo asturiano aplicar el plan de gestión aprobado previamente. Según ha explicado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, la medida busca compatibilizar la conservación de la especie con la protección de la ganadería extensiva, afectada por un incremento de los ataques de lobos en los últimos años.
Así, el programa establece siete zonas de control con distintos límites de extracción, además de áreas sin gestión específica donde se permitirán extracciones puntuales. Las actuaciones podrán llevarse a cabo principalmente entre enero y abril, y entre septiembre y diciembre, aunque también se contemplan intervenciones excepcionales el resto del año en caso de daños reiterados. En cuanto a los métodos que se podrán utilizar se incluyen aguardos, recechos, participación en cacerías autorizadas de otras especies dentro de reservas de caza y batidas por parte de agentes medioambientales. Además de esta medida, el Principado ha anunciado un nuevo baremo para indemnizaciones por daños de fauna salvaje, que incrementa las compensaciones en hasta un 30% por lucro cesante y contempla bonificaciones adicionales por razas autóctonas, animales asegurados o explotaciones con medidas preventivas.
La población estimada de lobos en Asturias se sitúa entre 360 y 405 ejemplares distribuidos en 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, ocupando el lobo el 83% del territorio autonómico. Según cifras oficiales, en 2024 se registraron daños en 3.257 cabezas de ganado, lo que representa un aumento del 19,7% respecto a 2021. Las indemnizaciones por estos daños ascendieron a 1,5 millones de euros, un 96% más que en ese año.
Reacciones ecologistas
El anuncio ha sido recibido con críticas por parte de varios colectivos ambientalistas y animalistas, que han calificado el plan como una estrategia ineficaz y contraria a los principios de conservación de la biodiversidad. A través de un comunicado, han señalado que los estudios científicos desaconsejan el control letal del lobo como método para reducir daños al ganado y han anunciado que emprenderán acciones legales para intentar paralizar su aplicación. Por su parte, han reclamado una gestión basada en medidas preventivas y en el conocimiento científico, y han criticado lo que consideran una estrategia de criminalización del lobo como “chivo expiatorio” de los problemas estructurales del sector ganadero.
De igual forma, advierten de que mantener una política centrada en la eliminación de ejemplares podría agravar los daños y aumentar la tensión social, en lugar de resolver el conflicto. El borrador del programa será presentado al comité consultivo el próximo 10 de abril antes de su aprobación definitiva.
