Su gerente, Ramón García Cañal, desmiente que la externalización puntual de la desratización y la limpieza de contenedores sea un ejercicio de «privatización», como denuncia el Comité de Empresa, afirma que «siempre he estado abierto al diálogo»

Continúa el tira y afloja entre la plantilla y la directiva de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA). Pocas horas después de que, mediada la mañana de ayer, el Comité de Empresa compareciese para mostrar su disconformidad con las declaraciones y medidas del Ayuntamiento, y alertase de la posible convocatoria de jornadas de huelga este verano, el gerente de la compañía, José Ramón García Cañal, hacía lo propio ya avanzada la tarde para responder a dichas palabras. Y lo hacía sin apartarse ni un ápice de la línea seguida por el Gobierno local desde que estallase el conflicto; es decir, reiterando que la externalización puntual de los servicios de desratización y de limpieza de contenedores no es, en absoluto, el primer paso hacia una privatización de EMULSA, e insistiendo en que el afán de diálogo no se ha roto por el flanco del Ejecutivo, sino por el del Comité.
«Se está partiendo de la misma distorsión terminológica que se ha puesto en práctica en los últimos días: llamar ‘privatizaciones’ a algo que, objetivamente, no lo es», comenzaba Cañal, explicando que, en sentido estricto, una privatización «implica que unos bienes personales o materiales que estaban en manos públicas pasen a la empresa privada», premisa que no se cumple en este caso. De hecho, EMULSA mantiene a la totalidad de sus empleados e, incluso, los ha aumentado «desde que llegó el actual equipo de Gobierno, con 44 personas más que el año pasado», además de «reforzar los medios materiales». No obstante, dejando la semántica al margen, para Cañal es crucial cierto detalle: que las contrataciones externas llevan realizándose desde hace más de dos décadas, con ejemplos como «la exclusión definitiva de la encomienda de Parques y Jardines el mantenimiento en la zona periurbana y rural», o la cesión de la limpieza y desinfección de las fuentes ornamentales de Gijón en 2021, «durante el anterior mandato». De ahí que Cañal se pregunte «por qué cuando el PSOE externalizaba, en algunos casos de forma definitiva y por importes muy superiores a los dos contratos ahora objeto de crítica, no veíamos manifestaciones, ni protestas, ni lamentos por una supuesta privatización y, en cambio, ahora sí».
«Si dejan de lado sus prejuicios ideológicos y quieren hablar de condiciones laborales, saben que mi puerta está abierta»
Ramón García Cañal, gerente de EMULSA
Fuera de tales ámbitos, y bajando a lo práctico, el gerente de EMULSA reiteraba ayer que, por parte municipal, «se ha hecho todo lo posible por atender con medios propios las necesidades de los servicios de desratización y limpieza de contenedores. Se han realizado convocatorias que han resultado desiertas y, ante el riesgo cierto de que no haya candidatos interesados en ocupar esos puestos, y dado el elevado número de horas de formación que requieren, lo que en ningún caso podemos aceptar es que sea la salud de todos los gijoneses la que sufra las consecuencias de un conflicto sindical». Porque, continuaba Cañal, el del absentismo es un problema «determinante», con tasas que, en 2024, llegaron a «un 12,17%, frente al 9,05% del año anterior». Ese balance se multiplica, y mucho, en el caso de los conductores del turno de noche encargados de la recogida y limpieza de contenedores, área en la que «ha oscilado entre un 40% el verano pasado, y un 32% este pasado mes de marzo». Para el autor de esas declaraciones, se trata, efectivamente, de una coyuntura puntual; de ahí que precise de una solución igualmente puntual, como es la doble externalización por periodos acotados.
Ahora bien, lo que Cañal no concede es la acusación de que la ruptura del diálogo haya provenido del flanco del Ayuntamiento. «Siempre hemos tenido voluntad de negociar el convenio, una voluntad que no veíamos recíproca en la parte sindical», apuntó en su comunicado de este martes, invitando a algunos de los siente sindicatos miembros del Comité de Empresa a que, «si dejan de lado sus prejuicios ideológicos y quieren hablar de condiciones laborales, saben que mi puerta está abierta. Y con buena voluntad por parte de todos, estoy seguro de que podemos avanzar juntos por esa senda». Sobre ese particular, Cañal recordaba que «se ha negociado la modificación del sistema de descansos desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024 con un acuerdo suscrito por todos los sindicatos y ratificado en votación por los trabajadores; finalizada esta negociación se intentó continuar con la negociación del convenio, pero la parte social exigió que previo a cualquier modificación la empresa presentase una relación de puestos de trabajo (RPT), situación que no es necesaria en las empresas públicas, pues es en el convenio donde se establecen esas condiciones». Pese a todo, dicha RPT se presentó, al fin, pero desde el Comité «la descalificaron globalmente, y pidieron que se ‘externalizase’ a una empresa consultora, lo que, aparte de tener un coste elevado, requeriría un mínimo de seis meses a un año». Desde entonces, los nexos se han roto.
Las últimas palabras del gerente de EMULSA se refieren, justamente, a ese último matiz. Desde su punto de vista, algunos de las siete entidades sindicales «se niegan a firmar la redacción definitiva», lo que ha generado un escenario de «posiciones discordantes» entre ellos que, a fin de cuentas, lastra el conjunto del proceso. Por ello, Cañal repetía al término de su comunicado que «la voluntad de negociación por parte de la empresa no se ha interrumpido nunca, y no es voluntad de la dirección, ni de la presidencia romper esas relaciones ante una parte social que, en ocasiones mantiene visiones distintas entre ellos mismos».