El que fuera apoderado de la empresa asturiana entre 2011 y 2013 firmó con el hermano de Hugo Chávez y presidente de la empresa pública de energía uno de los contratos bajo sospecha
Rafael Murillo Quirós, esposo de la exconsejera de Minas, Belarmina Díaz, deberá testificar como testigo en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por los supuestos sobornos pagados por Duro Felguera a ministros y altos funcionarios venezolanos. El escrito de acusación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, al que ha tenido acceso este medio, pone bajo sospecha varios contratos suscritos entre 2008 y 2013. Murillo Quirós fue director de energía de Duro Felguera desde octubre de 2011 y apoderado mancomunado de la compañía entre agosto de 2011 y abril de 2016.
Uno de los contratos cerrados en ese período lo firman Murillo Quirós, como representante de la compañía asturiana, y Argenis Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez y presidente entre septiembre de 2011 y abril de 2013 de Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), la empresa eléctrica venezolana nacionalizada en 2007 por el líder bolivariano. Se trata de un contrato por el valor de USD 17.050.000 para el “Desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas”.
El contrato establecía que la empresa asturiana recibiría un anticipo del 50% de la cantidad acordada en moneda extranjera y en un plazo de diez días hábiles tras la firma. También se acordaba que el plazo para la finalización de la obra sería de 15 meses, por lo que debería haberse finalizado en el segundo semestre de 2012.
Según una investigación desarrollada por periodistas venezolanos, durante los años en los que el hermano de Chávez estuvo al frente de la empresa pública “se firmaron una serie de contratos que supuestamente fueron otorgados irregularmente a empresas cuyos propietarios son allegados”.
El anterior presidente de Corpoelec, Javier Alvarado Ochoa, ocupó el cargo entre 2007 y 2010, unos años de grave crisis para el sector eléctrico venezolano, con restricciones y racionamiento para los consumidores. Durante su mandato, Duro Felguera resultó beneficiaria de varios contratos milmillonarios que también están siendo investigados por presuntos pagos de comisiones.
Alvarado fue detenido en Madrid en mayo de 2019 tras detectarse indicios de criminalidad por los supuestos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en relación al pago de comisiones y sobornos por parte de Duro Felguera. Según el escrito de la Fiscalía, Alvarado “no solo reconoce los hechos que se han descrito en esta Conclusión, sino que ha aportado datos que han permitido esclarecer hechos investigados y personas responsables de los mismos”.
Julio Montoya, diputado de la oposición venezolana que dirigió las investigaciones parlamentarias al respecto, aseguró que el gobierno bolivariano “pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra”.
Tal y como se lee en el escrito de acusación de la Fiscalía, “ Juan Carlos Torres Inclán (presidente) y Ángel Antonio del Valle Suárez (consejero delegado), en su calidad de responsables de “Duro Felguera, SA”, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) al acusado Nervis Villalobos, por sociedades interpuestas (“Terca, CA” e “Ingespre”), con el fin de que este usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”.
