Las víctimas eran ‘captadas’ en Colombia, país de origen de la acusada, y, una vez en España, se las obligaba a estar disponibles permanentemente; el marido se enfrenta a una pena de tres años de prisión, y su mujer, a la expulsión del territorio nacional
El horror que envuelve toda forma de explotación sexual ha vuelto a hacerse patente en Asturias. Cierto matrimonio con domicilio en Gijón, de hombre español y mujer colombiana, se sienta este jueves en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número Uno de dicha ciudad, acusado de haber prostituido en su domicilio a varias mujeres de origen colombiano en pisos de su propiedad desde el año 2021; entre ellas, la sobrina de la encausada, única que ha denunciado lo sucedido. Así lo afirma la Fiscalía del Principado, que solicita penas de tres años de prisión para cada uno, así como un año adicional para ella; esta última, no obstante, podría ver conmutada la pena por la expulsión del territorio nacional.
Siempre según el relato del Ministerio Fiscal, las víctimas, en precaria situación económica, eran captadas en Colombia, atraídas por la promesa de obtener mayores ingresos que en su país. Una vez en España, se las distribuía en diversas viviendas, y se les exigía disponibilidad veinticuatro horas diarias, de lunes a domingo, con independencia de que pudieran caer enfermas, y con apenas dos horas libres por jornada. De hecho, fue así como se desarrolló la operación con la sobrina de la acusada; desde el momento en que arribó, en noviembre de 2021, se le exigió ejercer la labor sexual. En ese sentido, la parte femenina del matrimonio dirigía el negocio, mientras que su marido gestionaba el alquiler de los pisos. En cuanto al beneficio obtenido, por servicios de treinta euros la pareja se quedaba con diez; por servicios de cincuenta, con veinte, y por aquellos de cien, con 35; por su parte, las víctimas debían sufragar el alojamiento y la manutención.
Los acusados eran titulares de unas cuentas bancarias domiciliadas en Gijón, donde ingresaban los beneficios procedentes del negocio, llegando a percibir, desde el 2 de junio de 2022 al 1 de junio de 2023, un total de 43.104,15 euros. Por si fuese poco, realizaban envíos periódicos de dinero a Colombia, por importes de 18.093,26 euros en 2021; 21.226,50 euros en 2022 y en enero de 2023, 45.54,50 euros. Todo ello, logrado por medio del ilícito negocio. En consecuencia, además de las penas de cárcel, se les reclama el pago de multas por valor de doce euros diarios durante dieciséis meses y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización conjunta y solidariamente a la única víctima denunciante de 5.000 euros por daños morales.
