Oskar Matute, diputado del partido nacionalista vasco, reflexiona en la ciudad asturiana sobre el alcance del fenómeno, su por qué a las mejores maneras de gestionarlo, acompañado de Covadonga Tomé y de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Vamos a tratar de dejar las emociones más viscerales a un lado, cosa difícil cuando se aborda este asunto, y a pensar fríamente en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿es, o no es, útil un endurecimiento de la legislación vigente para detener el fenómeno de la ‘okupación’ de viviendas? Ni qué decir tiene que tan espinosa cuestión, como tantas otras, tiene polarizada a la opinión pública. No obstante, en Euskal Herria (EH) Bildu tienen clara su postura. Al fin y al cabo, es la misma que, este lunes, Oskar Matute, diputado de la formación nacionalista vasca en el Congreso de los Diputados, compartió en Gijón, en el marco de la mesa redonda ‘La vivienda no es un negocio, es un derecho’, celebrada en el Museo del Ferrocarril y a la que también concurrieron la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la diputada en el Grupo Mixto de la Junta General del Principado Covadonga Tomé. Y es que, a juicio de Matute y de su formación, en España no existe un problema real de ‘okupación’ generalizada… Aunque, si así fuese, la fórmula para atajarlo no sería recurrir a la mano firme.
«El problema de la vivienda no se soluciona solo con leyes más duras contra la ‘okupación’, ni con leyes más duras contra la morosidad; se mejoraría seguramente con una intervención decidida de lo público, con mejores salarios y con condiciones de vida más dignas para todos y para todas», apuntó ayer el diputado vasco, tras añadir a esa primera negativa su rechazo a la existencia de un problema de morosidad «sistemática». Sorprendido de que España sea el segundo país de Europa en número de alarmas instaladas, según datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, en opinión de Matute lo que hay es «un interés en hablar de ‘inquiokupación’, que en el fondo es la morosidad, que yo creo que ha existido toda la vida y que nadie aplaude, pero en cualquier caso la función de quienes actuamos en política es también anticipar los problemas y situar sus causas». En ese sentido, se confesó tajante. «A lo mejor entrar en discursos que alimentan la idea de que la señora anciana vecina nuestra que va a comprar el pan, y entonces se encuentra con cuatro albanokosovares ‘okupando’ la vivienda, no es un fenómeno real; quizás tiene más que ver con decenas de miles de personas que han sido desahuciadas y que van a viviendas que los fondos de inversión tienen retenidas», planteó.
Barcelona, el ejemplo a emular en el conjunto del territorio nacional
Así las cosas, en EH Bildu abogan por la puesta en marcha de políticas «claras» de defensa activa del derecho a la vivienda; es decir, que el poder público garantice a todas las personas tener un techo, tener una vivienda digna. De ahí que, para Matute, sea difícil imaginar una vida digna «si no tienes garantizado el derecho a un techo». Y ese escenario puede revertirse de muchas maneras, alejadas de las propuestas por el PSOE y otros partidos «que apuestan siempre por las bonificaciones y exenciones fiscales, que lo único que hacen es alimentar la burbuja de la subida de precios continua, lo que dificulta el acceso a la vivienda». Frente a ello, EH Bildu apuesta por medidas que hagan de la Administración un agente activo de intervención pública. ¿Un ejemplo de ello? Tener parques públicos de vivienda, que pasen a aliviar, si quiera, la situación «grave», e incluso «dramática» a su parecer, de muchísima gente que no puede emanciparse ni proyectar su futuro ni su vida «en condiciones dignas». Algo viable mediante la movilización de vivienda vacía, a través de programas públicos, o la imposición de un canon que grave esas viviendas sin uso.
Al guante arrojado por Matute se sumó el de Ada Colau. La que fuese regidora de la Ciudad Condal animó al Gobierno de coalición a «ponerse las pilas» ante la «exigencia» ciudadana de favorecer el acceso a la vivienda; en particular, el PSOE, al que «le cuesta mucho enfrentarse a los sectores especulativos». El contrapunto serían las políticas aplicadas durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Barcelona, periodo en el que se demostró «que se podían hacer muchas políticas que el PSOE decía que eran imposibles», como las propuestas de construcción de miles de viviendas de alquiler social, o la regulación de viviendas de alquiler turístico, que se estaban convirtiéndose en un «fenómeno depredador que estaba vaciando de viviendas residenciales todo el centro de la ciudad». Su conclusión fue clara: si hay voluntad política, «se puede hacer mucho más de lo que se ha estado haciendo hasta ahora».
Finalmente, desde el flanco asturiano la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, por su lado abogó por emular políticas de vivienda «atrevidas, valientes, progresistas» y que definitivamente van a ayudar a mejorar el problema de la crisis habitacional. A su modo de ver, la búsqueda de soluciones a esta problemática «debería ser una de las prioridades de un Gobierno progresista», como es el de Asturias.