Paralelamente, los grupos parlamentarios representados en la Junta General del Principado, salvo el PSOE, exigen al Gobierno que inste a la Autoridad Portuaria a que ceda a la ciudad la franja litoral de los terrenos de la extinta Naval Gijón
Ya hablemos a escala local o, desde hoy, al nivel del Principado, el PSOE se ha quedado como único aliado político de la Autoridad Portuaria de Gijón en la guerra que esta última mantiene con el Ayuntamiento de dicha ciudad. Y es que este mismo jueves todas las fuerzas representadas en la Junta General, con la sola excepción de los socialistas, han formado un frente común y han presionado al Gobierno autonómico para que, a su vez, inste al Puerto a ceder gratuitamente, y a la mayor brevedad, la franja litoral que aún retiene de los terrenos antaño pertenecientes a la desaparecida empresa Naval Gijón. Se trata, en la práctica, del sometimiento al partido en el poder a una suerte de ostracismo hasta que, de una vez por todas, El Musel deponga su actitud y acceda a entregar la parcela en cuestión, tal como se acordó en el momento de la firma de adquisición de los restantes terrenos con el anterior presidente de la entidad portuaria, Laureano Lourido. Tal maniobra, sin embargo, llegaba poco después de que el ente portuario confirmase que, ante la falta de acuerdo con el Consistorio, deja en manos de los votos del Consejo de Administración la decisión final. Y todo indica que será favorable a la urbe.
El diputado del PP Andrés Ruiz ha sido el primero en poner voz a esa alianza de circunstancia. «Ha entrado en un modelo de oposición donde se le han acabado las ideas y los proyectos que ejecutar, y ha entrado al bloqueo de la ciudad», ha afeado al PSOE, acusándole de estar empantanando la cesión por el mero hecho de «no saber hacer oposición en el Ayuntamiento» por medio de la política común. Un término, «bloqueo», que también ha cobrado peso en la intervención de Adrián Pumares; así, el portavoz de Foro Asturias ha exigido al Puerto y a su actual presidenta, Nieves Roqueñí, que «cumplan lo pactado, cedan a la ciudad de Gijón la propiedad de la franja litoral y, sobre todo, dejen de utilizar las instituciones para castigar a una alcaldesa que ha demostrado que tiene proyecto, ambición y liderazgo». Sin embargo, esa descripción de la regidora, Carmen Moriyón, no ha convencido a Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox. «Habla el señor Pumares de la alcaldesa que tiene cumplimiento con los acuerdos; no, una alcaldesa que usurpa los votos para quedarse con el sillón. Eso es lo que es la alcaldesa de Gijón», ha cargado contra el representante de Foro. Pese a ello, Rouco ha dado su voto a la coalición.
«No es una cuestión de voluntad, sino de legalidad»
Ángel Ricardo Morales, diputado del PSOE
Incluso Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida (IU), parte del bloque de Gobierno asturiano, ha virado hacia los partidos contrarios a la actitud de El Musel y del PSOE. Empleando un tono menos bronco y más conciliador que el de cualquiera de los anteriores, Delia Campomanes ha explicado que en su partido entienden que «es momento de retomar el espíritu de consenso que dio origen a este proyecto, desde el diálogo y la corresponsabilidad», y ha concluido recordando a los presentes en la Junta que «hubo un acuerdo, y los acuerdos están para cumplirse». Frente a tales andanadas, disparadas desde varios flancos distintos, el diputado socialista Ángel Ricardo Morales se ha parapetado tras el mismo argumento esgrimido por el Puerto en las últimas dos semanas: que, «como ha dejado claro la Abogacía del Estado, la cesión gratuita de la franja litoral solo puede formalizarse mediante convenio jurídico adecuado, con cláusula de reversión y dentro del procedimiento de enajenación. No es una cuestión de voluntad, sino de legalidad».
Precisamente con afán de cumplir con la ley, esta mañana la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí, ha anunciado que, con el objetivo de completar el expediente y dar fin al procedimiento en curso, los servicios técnicos y jurídicos del Puerto «están redactando un clausulado para la cesión de la franja, que se someterá a la decisión del Consejo de Administración, previo informe jurídico de la Abogacía del Estado». En resumidas cuentas, la intención de Roqueñí es dejar en manos del máximo órgano competente la resolución del problema, de modo que, «si así lo recomiendan los informes pertinentes, especialmente los relacionados con los derechos urbanísticos, proceda» a su entrega al Consistorio. Y es que, ha continuado hoy la máxima responsables del ente portuario, tanto para ella como para su equipo «es fundamental que se garantice en todo momento que esos terrenos van a ser siempre para uso público, para disfrute de los ciudadanos, y no para un aprovechamiento lucrativo, algo que desde el Ayuntamiento no han dejado claro en ningún momento».
En ese sentido, conviene recordar que el Ejecutivo gijonés no ha aceptado ninguna de las opciones planteadas por el Puerto, que contemplaban la retención de la propiedad de la franja, pero la cesión a la urbe de su uso y disfrute, siempre y cuando se garantice que siempre servirá a un interés público, y no empresarial. Incluso la posibilidad de que el propio Consistorio redactase un convenio al efecto fue rechazada por los de Moriyón, que se remiten, única y exclusivamente, a lo pactado con Lourido a comienzos de año.
