“Se está obligando a estas familias a elegir entre irse por su propio pie o ser expulsadas por la fuerza. Es una vulneración de derechos y un acto incompatible con una política de vivienda social seria”
La diputada regional del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, ha reclamado este viernes al Gobierno autonómico que actúe de forma inmediata para evitar el desalojo de catorce familias en un edificio propiedad de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), situado en el número 3 de la calle Río Piloña, en el barrio de Contrueces. Las familias afectadas han recibido una orden judicial de lanzamiento que fija el próximo 20 de octubre a las 9:30 horas como fecha límite para abandonar voluntariamente sus viviendas. La resolución judicial contempla la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia.
La diputada critica que esta situación se haya producido pese a que algunas de las familias contaban con contratos sociales firmados con la SAREB y mantenían conversaciones con la administración y la propia entidad para buscar una solución. En su intervención, ha señalado que la SAREB ha actuado “en paralelo y con una aparente voluntad negociadora, mientras tramitaba los desahucios por vía judicial”, lo que considera una grave falta de compromiso institucional y de lealtad hacia los vecinos: “Se está obligando a estas familias a elegir entre irse por su propio pie o ser expulsadas por la fuerza. Es una vulneración de derechos y un acto incompatible con una política de vivienda social seria”.
Un conflicto abierto en el «bloque en lucha»
El edificio, conocido popularmente como el “bloque en lucha”, ha sido objeto de una prolongada disputa entre sus habitantes y la SAREB. Las familias que lo ocupan, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o exclusión, han reivindicado durante años el derecho a permanecer en sus hogares, organizándose colectivamente para negociar condiciones de regularización y evitar los desalojos. Pero este viernes, el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Gijón dictó sentencia favorable a la SAREB, autorizando el desalojo de catorce viviendas. Aunque la medida judicial establece que los ocupantes deben abandonar las viviendas voluntariamente, los vecinos han anunciado que impugnarán la resolución en el plazo legal de cinco días y han reiterado su determinación de no marcharse. “No nos vamos a ir a ninguna parte”, han asegurado a través de un comunicado conjunto.
Covadonga Tomé ha recordado que ya trasladó esta situación en dos ocasiones anteriores a la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General, desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, asegura que no se han planteado medidas concretas ni alternativas para las familias afectadas. Por ello, ha reclamado una intervención directa del Gobierno asturiano para detener el procedimiento y garantizar soluciones habitacionales adecuadas, en línea con el compromiso anunciado por la propia SAREB de no ejecutar desahucios a personas en situación de vulnerabilidad: “Este desalojo no solo es un acto de fuerza legal, sino una señal de fracaso institucional”, ha afirmado la parlamentaria, que considera que el caso pone en cuestión las políticas públicas de vivienda en Asturias.
Una batalla legal… y política
Aunque la sentencia judicial supone un revés para las familias del edificio, tanto los vecinos como la diputada mantienen que la batalla no está perdida. Por un lado, seguirán explorando vías legales para suspender el lanzamiento; por otro, esperan una respuesta institucional que priorice el derecho a la vivienda sobre los intereses patrimoniales de una entidad de titularidad pública como la SAREB.
Mientras tanto, el bloque de Río Piloña sigue siendo símbolo de una lucha más amplia: la que enfrenta a cientos de familias en toda España con la política de gestión de activos heredados de la crisis financiera. Una batalla donde, señalan los vecinos, “la unidad y la resistencia son hoy más necesarias que nunca”
