Los vecinos del bloque de Contrueces siguen unidos y en lucha, y exigen a la Consejería de Vivienda «que interceda de verdad» ante la SAREB para que «las 14 familias reciban un contrato social digno»; de lo contrario, «volverá en unos meses la amenaza de desalojo»
Poco después de la orden de lanzamiento decretada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón, recibida el viernes por los vecinos, sobre las 14 viviendas del bloque de Río Piloña 3, en el barrio de Contrueces, estableciendo como límite las 9.30 horas del 20 de octubre, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria del inmueble tras una ejecución hipotecaria, pedía en sede judicial la suspensión de la misma. Por lo tanto, no habrá desahucio en otoño, aunque la amenaza sigue latente. «Mucha gente considera esto una victoria, pero los vecinos no, porque esta anulación de los lanzamientos no trae consigo una renovación de los contratos, ni una oferta nueva de contratos que sean válidos, que sean sociales de verdad, que sean para todo el bloque», avisa su portavoz Pepo González.
En definitiva, «se suspenden los desahucios, pero no tenemos una oferta nueva ni un compromiso claro de que la SAREB va a cumplir los criterios», porque «en las últimas semanas lo que hemos visto es a la SAREB negar que esos criterios existían, criterios que pactó en febrero con la consejería». El conocido popularmente como ‘banco malo’ «ahora no los reconoce. Afirma que no pactó con ninguna administración pública criterio ninguno. Entonces, una vez han desmentido esto, una vez se han desentendido de esto, podemos pensar que se van a desentender de todo lo próximo. A nosotros no nos sirve ahora que no haya desahucios si no se van a cumplir esos criterios, criterios que precisamente constituyen el bloque entero como vulnerable».
Dada esta situación, los vecinos exigen a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos «que interceda de verdad, que interponga ante la SAREB un aviso claro de que, al ser un organismo público financiado el 51% por el Estado español, cumpla los criterios que se pactaron, reconozca que esos criterios existen y se apliquen aquí. Y así, las 14 familias recibirán un contrato social digno». De no producirse, «seguimos en un círculo vicioso en el que, al no haber contratos, volverá en unos meses la amenaza de desahucio». «Esto no fue una amenaza, fue un desahucio de facto», completó.
Preguntado sobre la reacción del viernes desde el Gobierno de Asturias, con declaraciones del director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez Fernández, en las que exigía a la SAREB la paralización de los desahucios «al chocar con lo acordado», González considera que «es insuficiente absolutamente porque son cantos de sirena que ellos mismos se creen». «No sabemos por qué la consejería le atribuye al ‘banco malo’ esa buena fe en sus comportamientos, ese error entre departamentos por la decisión de los desahucios. Sabemos con quién tratamos, sabemos quiénes son y si unos vecinos de Contrueces saben las estratagemas que hace la SAREB, cómo no lo va a saber una Dirección General de Vivienda. Es decir, no pueden poner toda la carne en el asador a que la SAREB esté jugando de buena fe y cumpliendo sus criterios. Sería exquisito y recomendable que, por una vez, la consejería creyera y preguntara por la versión de los vecinos», demandó.
«Todos nos quedamos aquí”
Los residentes de Río Piloña 3 tienen claro la importancia de la unidad para que su lucha llegue a buen puerto y puedan seguir en sus viviendas: «La premisa clara es que ningún vecino se vaya de aquí porque estas estrategias sirven para desgastar los ánimos y demás, pero la premisa es que todos nos quedemos aquí. Y al quedarnos todos aquí y constituir una fuerza de numerosas familias, más de una docena, hacer que la amenaza sea grande para la SAREB, que vea que un desahucio en bloque, en plena situación alarmante, no se puede realizar en Gijón», además de provocar «que en esa hoja de ruta la consejería tome parte, tome parte de verdad e interceda por nosotros los vecinos, puesto que no es normal que nos enteremos de que la amenaza de desahucio está suspensa por los medios, no por ninguna fuente de la consejería. Es un error reprochable porque volvemos a caer en el error del teléfono escacharrado de esa consejería que nos atiende a pasinos y a cuentagotas».
Sobre los apoyos políticos a sus reivindicaciones, González apunta «que si no se traducen en medidas tangibles, no nos sirven de nada». «Sí que tenemos en el arco parlamentario apoyos morales de ‘no se puede tolerar esto’, pero si no hay algo tangible de ‘no se puede tolerar esto, vamos a hacer una medida para que os podáis quedar en vuestras casas’, no nos sirve de nada. Sí que sabemos que la alcaldesa nos apoya, que contamos con el apoyo y el asesoramiento de Rafa Cofiño desde Madrid, que el grupo parlamentario de Covadonga Tomé nos apoya y realiza las preguntas parlamentarias cuando puede, pero queremos algo de quien tiene las competencias, que es la Consejería de Vivienda». E insiste: «sin la unidad que tenemos los vecinos ya se hubieran realizado aquí los lanzamientos, tanto en febrero, con ese suplicatorio de lanzamiento, como de cara al 20 de octubre, porque no se hubieran parado».
