En Gijón, Foro parece más preocupado por satisfacer las pretensiones de la patronal turística OTEA que por defender a los varios miles de vecinos propietarios
Por Víctor Montes Martínez
Durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, la candidatura de Carmen Moriyón hizo promesas que, hoy en día, se han demostrado como meros engaños y populismo electoral. Algo que ya entonces era perfectamente previsible.
La cacería contra las viviendas de uso turístico no cesa. El nuevo decreto presentado por el Gobierno del Principado, con el respaldo del PSOE representa en la práctica una campaña de demolición legal contra este tipo de alojamiento.
Lo que se vende, por parte de Gimena Llamedo, Consejera de Turismo del Gobierno autonómico, como una mejora normativa es, en realidad, una batería de restricciones que amenaza con expulsar del mapa a miles de propietarios particulares gijoneses y asturianos que simplemente han invertido sus ahorros en adquirir una segunda vivienda que ahora no podrán alquilar libremente bajo la etiqueta de uso turístico.
Se les priva, en la práctica, de su libertad para destinar su propiedad a esta actividad, imponiéndoles condiciones tan estrictas que disuaden incluso al más cumplidor. La nueva normativa exige requisitos desproporcionados, muchos de ellos absurdos: la entrega presencial de llaves o la obligación de disponer de conexión a internet incluso en zonas rurales sin cobertura, entre otros.
Todo esto, sin contemplar ningún mecanismo de ayuda, transición o compensación para quienes cumplen con la ley. El mensaje es claro: si no te adaptas a este nuevo marco restrictivo, pierdes tu licencia durante entre seis meses y cuatro años.
Esta ofensiva de la izquierda regional encuentra un eco especialmente contradictorio en Gijón. Carmen Moriyón y su concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, han emprendido su propia cruzada contra las VUT en la ciudad, compitiendo en agresividad regulatoria con el PSOE.
Lo más grave es que una vez finalizada la moratoria de nuevas licencias impuesta por su propio partido, han continuado denegándolas desde la concejalía con argumentos jurídicos más que discutibles. Todo ello mientras declaraban públicamente que “el problema estaba controlado”, a la vez que admitían no disponer de datos sólidos sobre el impacto real de estas viviendas en la presión inmobiliaria. Un completo disparate.
El resultado es que el propietario medio, que ha seguido las reglas y ha legalizado su actividad, se ve ahora acosado por nuevas exigencias que parecen diseñadas para forzarle al cierre.
Esta política, disfrazada de buena gestión, no solo pone en riesgo el modelo de turismo descentralizado y sostenible que han promovido muchas familias asturianas, sino que lanza un mensaje peligrosamente elitista: el turista que no paga hotel, sobra; el propietario que no tiene una cadena detrás, estorba.
En lugar de un marco equilibrado y dialogado, lo que se impone es una agenda ideológica que confunde regulación con persecución. El turismo debe gestionarse, claro, pero no a costa de criminalizar a quienes han hecho las cosas bien.
Este decreto, tal como está planteado, no resuelve ningún problema estructural y, por el contrario, amenaza con destruir una parte clave del ecosistema turístico asturiano. Asturias corre el riesgo de sacrificar su hospitalidad y su atractivo bajo el peso de un intervencionismo socialista mal diseñado, y lo hace con el aplauso de quienes, como Carmen Moriyón y Foro, deberían estar defendiendo la pluralidad de modelos, no liquidándolos a golpe de decreto.
¿Pero cuál es el verdadero trasfondo de esta cacería? La respuesta es doble.
Por un lado, el problema real del acceso a la vivienda no tiene nada que ver con las viviendas turísticas, sino con un profundo fallo estructural en la política de vivienda en España.
El germen del problema del alquiler que sufrimos no está en la existencia de pequeños propietarios que alquilan su vivienda en temporada, sino en el enorme déficit de construcción de vivienda nueva que arrastramos desde hace años. Esta situación es consecuencia directa de la falta de suelo, de la excesiva burocracia, el aumento de los costes de la mano de obra o de la ausencia de una política real de construcción de vivienda pública.
Lo que ha tenido como consecuencia un aumento desproporcionado del precio de la vivienda, que se siente con especial intensidad en muchas zonas urbanas, incluida Gijón. Este encarecimiento impide a decenas de miles de jóvenes acceder a una vivienda en propiedad, obligándolos a depender de un mercado de alquiler cada vez más saturado y caro, donde se está gestando una segunda burbuja inmobiliaria.
Por tanto, demonizar las VUT no solo es injusto, sino una maniobra de distracción política de libro orquestada por los partidos de la izquierda para justificar su incompetencia y su inacción frente al que hoy es, según el CIS, el primer problema de los españoles.
Y, por otro lado, esta cruzada contra las VUT no es solo ideológica, sino también económica.
Detrás de la retórica del “ordenar el mercado turístico” se esconde un intento claro por reventar el pequeño alquiler vacacional para entregárselo a los grandes actores del sector. En Gijón, Foro parece más preocupado por satisfacer las pretensiones de la patronal turística OTEA que por defender a los varios miles de vecinos propietarios.
Se están aprobando deliberadamente medidas que expulsan a los pequeños inversores locales del mercado, al tiempo que allanan el camino para que grandes fondos de inversión compren edificios enteros, profesionalicen la oferta y monopolicen el negocio turístico bajo su control.
Es decir, se restringen las licencias a quien alquila legalmente su segunda vivienda, pero se deja abierta la puerta a quienes tienen músculo financiero para transformar edificios enteros en apartamentos turísticos gestionados por fondos o plataformas internacionales.
En definitiva, lo que está ocurriendo en Gijón no es una política de vivienda ni de turismo: es una operación de limpieza del mercado, disfrazada de regulación, en beneficio de unos pocos. Y tanto PSOE como Foro han elegido el mismo bando: el de la inseguridad jurídica, la criminalización del pequeño propietario y el entreguismo al capital corporativo.
¿Las razones?, intúyanlas ustedes mismos.
Las viviendas de uso turístico, VUT, están siendo otra cabeza de turco junto con el pequeño propietario que alquiló un piso a una persona que le deja de pagar y que es declarada vulnerable. Parece que los políticos no quieren hacer caso a los expertos en vivienda que advierten de que hay que devolver la seguridad jurídica. Que si el propietario no pone su vivienda en el mercado es por miedo al impago y a la expropiacion de hecho que desde hace 5 años el RDL 11/2020 mantiene.Ese temor ha hecho que mucho pequeño propietario se traslade a alquilar de manera temporal. Pero para eso ya están los políticos que sin que haya una correlación clara entre el alquiler temporal y la escasez de vivienda, han optado por ponerles en la picota.
Eso sí, lo que no se explica es que luego se den concesiones a fondos de inversión para que ocupen su lugar.
Al pequeño propietario no le queda más opción que vender para evitar la ruina, y ahí están los fondos de inversión comprando sin hipoteca, hasta con inquilino moroso vulnerable
Parece que la mayoría de políticos están de acuerdo en que la propiedad de la vivienda cambie de manos a favor de los grandes tenedores. Craso error
Totalmente de acuerdo con el artículo de Víctor y con el comentario de Silvia. Por mi parte aportar la duda sobre las lealtades de nuestros políticos, cada vez más alejados de sus votantes. Yo sospecho lo peor.
La vivienda solo debería ser un bien más en el mercado una vez todos tengan acceso a su PRIMERA vivienda. No puede ser de ninguna forma que haya quien esté especulando con viviendas (sean «pequeños» o grandes propietarios) mientras miles de jóvenes y no tan jóvenes no tengan acceso a su PRIMERA vivienda. Me REPUGNA que unos y otros se tiren los trastos a la cabeza mientras hacen caja con la ESCASEZ en el mercado. Ganar dinero a costa de que nuestros semejantes vivan en la más absoluta precariedad de vivienda es LAMENTABLE. Los políticos tienen su parte de culpa, los grandes propietarios también, los del sector turístico por supuesto y los «pequeños» propietarios el suyo. Las SEGUNDAS viviendas que se usen para especular y lucrarse, deberían estar fuertemente penalizadas. Otro tema es que se alquilen a precios razonables durante todo el año. Pero lo que está sucediendo es VERGONZOSO. Negar viviendas a humildes trabajadores porque nos INTERESA más forrarnos alquilándola en temporada alta a turistas…. NO TIENE NOMBRE.