«Desde Asturias, las alarmas se encendieron de inmediato. Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos coincidieron -por una vez- en rechazar el pacto (…). Pero todo esto es, en el mejor de los casos, una puesta en escena. Y, en el peor, un ejercicio de cinismo institucional»
Pocas veces un acuerdo político ha desatado tantas condenas públicas, y tan poca resistencia efectiva, como el pacto de financiación singular suscrito entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña el pasado 14 de julio. El modelo, que permitiría a Cataluña recaudar el 100 % de los impuestos en su territorio -incluido el IRPF-, se inspira en el cupo vasco, deja indefinida su aportación al fondo de solidaridad y contiene, incluso, una cláusula para limitar que otras comunidades, como Madrid, bajen impuestos. A cambio, Cataluña recibiría financiación adicional por sus “competencias no homogéneas”, y avanzaría hacia una Hacienda propia sin subordinación a la estatal.
Desde Asturias, las alarmas se encendieron de inmediato. Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos coincidieron -por una vez- en rechazar el pacto. Se habló de agravio comparativo, de desigualdad fiscal, de riesgo para los servicios públicos… Se invocó, incluso, un “frente común asturiano” para defender la equidad del sistema.
Pero todo esto es, en el mejor de los casos, una puesta en escena. Y, en el peor, un ejercicio de cinismo institucional.
Votar sin consecuencias, obedecer sin conflicto
La clave está en los mecanismos reales de decisión. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde supuestamente Asturias hará valer su rechazo, el Gobierno central tiene el 50 % del voto ponderado. Cataluña también votará a favor. Por tanto, la reforma saldrá adelante aunque Asturias vote en contra.
Es más, permitir ese voto negativo del Principado es, para Moncloa, una concesión sin coste. Le sirve al presidente Barbón para proclamar que “defiende Asturias” mientras, en la práctica, nada cambia. Un gesto sin efectos que se convierte en coartada electoral.
Pero el escenario decisivo no es ese. Lo será el Congreso de los Diputados, donde se tramitará la reforma del modelo. Allí, los diputados del PSOE elegidos en Asturias serán determinantes. Si votan a favor, el nuevo sistema avanzará. Si votan en contra, puede tambalearse. Por eso, cuando se preguntó al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, si la FSA animaría a sus diputados a rechazar el pacto, la respuesta fue tan reveladora como esperada:
“Los diputados del PSOE en Madrid dependen de la dirección federal del partido y es a ellos a quien deben la dependencia jerárquica”
Traducido: votarán lo que Ferraz ordene, no lo que Asturias necesite.
Asturias como decorado: una autonomía para la galería
Lo dicho hasta aquí no requiere indignación moral, sino diagnóstico político. Los diputados viven del partido, y su fidelidad está más vinculada a la supervivencia en las listas que a las demandas de sus votantes. No son representantes de Asturias en el Congreso, sino representantes del PSOE ante los asturianos.
Y eso es lo verdaderamente grave. Porque mientras se proclama un frente común, lo único común es la voluntad de no enfrentarse al poder real. Porque lo importante no es lo que se dice en Oviedo, sino lo que se vota en Madrid. Y ahí, la obediencia pesa más que la coherencia.
Asturias no necesita más declaraciones solemnes ni más discursos defensivos. Necesita que sus representantes políticos dejen de actuar como figurantes de un sistema que los usa para calmar la protesta y blindar la sumisión.
Porque un frente común que no incomoda a nadie, que no frena nada y que no cambia nada, no es un frente. Es una coartada con escenografía regional.
Y en política, la coartada suele valer más que la causa, siempre que el votante siga creyendo que hay algo que defender.
