La oposición al racismo, el estado de la Empresa Mixta de Tráfico, el ‘experimento Munuza’ y la seguridad en las áreas rurales centran una sesión marcada por los duelos de Vox con IU, Podemos y Foro, y que ha forzado una suspensión de quince minutos
De un tiempo a esta parte, Gijón parece haberse acostumbrado a la tensión creciente que, mes a mes, se despliega en las sesiones plenarias celebradas en su Ayuntamiento. Pues bien, quienes pensasen que la de agosto, precisamente por la inminencia de las vacaciones estivales, iba a seguir una línea distintas pecaron de ingenuos. En poco más de dos horas de Pleno, la velada de este viernes se ha convertido en un intenso cruce de acusaciones, reproches y enfados, con ediles de Izquierda Unida (IU), Podemos, Foro y Vox enzarzados en agrias discusiones, y llegando al extremo de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, haya tenido que imponer un receso de quince minutos poco antes del final, para que los ánimos se serenasen entre los distintos contendientes. Un clima poco representativo de los valores democráticos que, sin embargo, no ha impedido que prosperasen todas las proposiciones puestas sobre el tapete por los distintos grupos, pese a la reiterada abstención u oposición de Vox a casi todas ellas.
Ya el punto de partida, la lectura de una declaración institucional contra los discursos de odio y racismo, dejó claro que una de las fuerzas, la capitaneada por Sara Álvarez Rouco, navegaría a contracorriente de las demás. El texto, motivado por la persecución a inmigrantes acontecida el pasado julio en la murciana de Torre Pacheco, pretendía ser un posicionamiento claro de Gijón en el «rechazo» a semejantes actos, y a favor de «una sociedad basada en el respeto, la ley y la convivencia«; y así lo entendieron los partidos de la Corporación, que dieron su apoyo… Con la sola excepción de Vox. Las razones de esa negativa a postularse a favor quedaron claras poco después. Después de un primer debate, el de la petición del PSOE de que la ciudad se adhiera a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, y prorrogue el II Plan de Adicciones, que medró aun con la abstención de Rouco, IU y Podemos lanzaron una propuesta conjunta de oposición tanto a esos mismos discursos racistas y xenófobos, como a su degeneración en agresiones flagrantes. De exponerla se encargó Olaya Suárez, portavoz de Podemos; lo hizo mediante un discurso centrado en destacar que «la deshumanización es el camino más rápido al colapso de nuestra sociedad» y la certeza de que, «sin los migrantes, no funcionaría este país«… Aunque también cuajado de críticas directas a la política de deportaciones masivas defendida por Vox. Y Vox, por descontado, contestó.
«Es usted una mala católica»
Javier Suárez Llana, portavoz de IU, a Sara Álvarez Rouco, su homóloga de Vox
«Menudo panfleto que hoy nos traen aquí…«, comenzó su réplica Rouco, quien, tras compartir una serie de datos que, supuestamente, demostraban la mayor predisposición a la delincuencia de los inmigrantes, argumentando su menor grado de integración social y sus dificultades para estabilizar sus realidades personales y familiares, concluyó clamando que «bienvenida la inmigración legal, controlada y contenida. Los inmigrantes ilegales, o que vengan a robar, matar y delinquir, y a vivir del esfuerzo de los demás, billete de vuelta, y a su casa. Y los menores, con sus padres«. A partir de ahí, cierto es que las tres siguientes intervenciones brillaron por la calma. En el PP, Ángela Pumariega concedió el rechazo de su fuerza a «todos los hechos de discriminación», pero también a «los discursos de odio, provengan de quien provengan», y llamó a que, por encima de todo, el Estado «haga cumplir la ley». Acto seguido Jesús Martínez Salvador, en nombre de Foro, también dio el visto bueno a una propuesta que refuerza el papel tradicional de Asturias y Gijón como «tierras de acogida», en aras de que «defender la dignidad de cada persona es defender la libertad, la dignidad y la convivencia«, y Carmen Eva Pérez Ordieres, del PSOE, invitó a «poner el foco no en las víctimas, sino en los verdugos, para preguntarles qué ha fallado«. Sin embargo, esa serenidad se vino abajo cuando, a modo de cierre, tomó la palabra Javier Suárez Llana, portavoz de IU… Y acusó a Rouco de ser «una mala católica». El lógico enfado de la representante de Vox tensó la cuerda, y Moriyón hubo de esgrimir una primera amenaza de suspensión de la sesión, recomendando a Suárez Llana que «no entre tanto en el ámbito privado y en la descalificación personal«. Por suerte, la sangre no llegó al río… Aún.
El que únicamente Vox votase en contra de la cuestión anterior podría haber puesto punto final a ese clima de crispación… Pero nada más lejos de la realidad. La tercera y última propuesta, planteada de nuevo por IU y Podemos, previa aceptación de dos enmiendas de PP y Foro, perseguía reforzar la exigencia de que la Empresa Mixta de Tráfico cumpla con los compromisos de su contrato con el Consistorio y, de no ser así, sea merecidamente sancionada. La situación del ente la detalló José Campaña Claros, presidente del comité de empresa, quien narró una realidad marcada por la sobrecarga de trabajo, la negativa a contratar profesionales para cubrir vacaciones y bajas de larga duración, la insuficiencia de grúas en cada turno, y la existencia de un número abrumador de parquímetros averiados, entre otros problemas. De un modo un otro, todos los partidos se mostraron a favor de atajar el problema… Aunque, nuevamente, el ‘pero’ lo anotó Vox, al acusar a las dos fuerzas proponentes de haber tardado demasiado en llevar al Pleno el asunto, preguntándose si el verdadero afán no sería «rellenar temas». Semejante comentario desató la ira de Olaya Suárez; durante su discurso de recapitulación, la líder de Podemos sacó a colación el que Rouco haga frecuente uso de auriculares en las sesiones municipales, presuntamente, para escuchar lo que se dirime en la Junta General del Principado, algo que, a juicio de Suárez, constituye una falta de respeto. «Sé que aquí no quiere trabajar, porque agosto es inhábil en la Junta«, acusó directamente a la edil de Vox, que se revolvió planteando que «a lo mejor estoy con ellos puestos sin escuchar nada«. Ambas concejalas se enzarzaron en un nuevo y caótico cara a cara… Y, ahora sí, Moriyón dio la orden de suspender el Pleno durante un cuarto de hora, son sin antes pedir al titular de Tráfico, Pelayo Barcia, que no se metiese en la disputa. «¿Quién le ha dado vela en este entierro?«, le espetó la alcaldesa.
En fin… Sea como sea, a la vuelta de esa pausa forzosa las actitudes sí parecían algo más equilibradas; no en vano, el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de la Empresa Mixta de Tráfico se aprobó por unanimidad. No obstante, esa paz no fue sino un mero espejismo. En el turno de ruegos y preguntas, a la doble duda formulada por Rouco sobre por qué fue el área de Obras, y no la de Tráfico, la que encargó el informe sobre el ‘experimento Munuza’, y por qué se designó para ello a la empresa Vectio, el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, afeó a la portavoz de Vox que su exposición «está llena de afirmaciones erróneas y falta de rigor; hay falta de trabajo y mala intención«, tras lo cual pasó a explicarle, paciente, que «las concejalías trabajamos de forma coordinada«, y que Vectio fue escogida directamente, primero, porque «fue un contrato menor; en este caso, uno de servicio, de 14.240 euros«, y segundo, porque «es una firma asturiana con dieciocho años de experiencia, que trabajó en España y fuera«. Cuestiones todas que «usted ya debería saber«.
No muy convencida, Rouco pasó a lanzar la segunda y última pregunta, en forma de petición: que, en atención a las demandas vecinales, se refuerce la vigilancia en las parroquias rurales del oeste de Gijón. En esta ocasión, fue la titular de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, la que aclaró el punto, detallando que, para instalar cámaras, hay que seguir un trámite «que no es sencillo, ni rápido«, y cuya piedra angular es un informe que confirme que se han producido suficientes hechos como para justificar esa colocación… Documento ya solicitado a la Guardia Civil, pero que aún no ha llegado. Por último, Bravo zanjó el tema contradiciendo a Rouco, y a los vecinos, sobre el posible desplazamiento de los asaltos a viviendas del este al oeste, tras el refuerzo de la seguridad en la primera de esas dos zonas. «Es pronto para sacar conclusiones, pero hablamos de hechos distintos con presuntos autores diferentes; no hay indicios de algo así«, concluyó.
Hay muchas cuestiones que ya se deberían saber según el concejal Gilberto Villoria… Pero la realidad es que no quiere que se sepan todas las que le atañen a él o a su concejalía.
Por las noches durmiendo con el PSOE y por el día al servicio de Foro.