La tramitación del nuevo decreto de viviendas de uso turístico por parte del Gobierno asturiano ha generado indignación a la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia (CASOCIA); «la publicación del borrador en pleno mes de agosto es otra muestra de opacidad, evitando un debate real y abierto», critica
«Falta de transparencia», «inseguridad jurídica» e «intención de eliminar las viviendas turísticas». Son las tres acusaciones que lanza la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia (CASOCIA) al Gobierno asturiano ante la tramitación del nuevo decreto de viviendas de uso turístico. «No se nos ha facilitado previamente el borrador del decreto, lo que demuestra una absoluta falta de transparencia. Todo lo que se ha conocido previamente ha sido por la prensa», apunta su presidente Iván Rodríguez López, que denuncia que «en el Portal de Transparencia del Principado se ocultan alegaciones fundamentales, como las de OTEA». «No se escucha al sector real, sino únicamente a asociaciones afines al Gobierno», critica este colectivo.
«La publicación del borrador en pleno mes de agosto es otra muestra de opacidad, evitando un debate real y abierto», continúa en un comunicado, donde apunta que los verdaderos objetivos del decreto son «forzar el cese de actividad de las viviendas turísticas mediante medidas retroactivas, eliminación de licencias, incremento desproporcionado de costes operativos y limitaciones arbitrarias. Bajo el discurso de la ‘calidad’, la ‘sostenibilidad’ o la lucha contra los ‘ilegales’, lo que se esconde es una hoja de ruta clara: la eliminación total de las VUT en Asturias». El documento presenta un listado de exigencias a este tipo de alojamientos que no son obligatorias para hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales que establece este decreto, creando lo que consideran «una normativa desigual e injusta».
Sus consecuencias, afirman, serán «inseguridad jurídica y medidas retroactivas inadmisibles», además de un «claro ataque a los derechos adquiridos y la propiedad privada y libre», «eliminación progresiva de licencias ya otorgadas», «encarecimiento artificial de la gestión de las viviendas turísticas para expulsar a propietarios y empresarios del sector» y «ataque directo a las vacaciones de las familias españolas, que se verán cada vez más caras y convertidas en un artículo de lujo reservado a hoteles y grandes operadores». Por eso, exigen «seguridad jurídica y eliminación de cualquier medida retroactiva», «garantía de consolidación y transmisión de licencias existentes» y «eliminación de medidas desproporcionadas y sin justificación técnica». Por último, anuncian que, de seguir adelante el decreto, «este atropello acabará en los tribunales».
