«No sólo es un problema ético; es un problema de eficiencia como Administración Pública, que afecta a todos sus engranajes y a la confianza del ciudadano en ella, ante un escenario en donde lo que cuesta tres nos cuesta seis, engrasando al paso lo que queda en el camino»
POR LUIS MANUEL MADIEDO HONTAÑÓN, CATEDRÁTICO DE INSTITUTO Y ABOGADO
El mantra del PP de Feijóo y sus medios afines para alcanzar la Moncloa a toda costa, es el cerco de corrupción que acecha al actual presidente, Pedro Sánchez, cuyas turbulentas aguas amenazan con llegar a sus pies.
Tenemos la ‘operación Delorme’, que afecta como principales implicados al dos veces ministro y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, y al secretario de organización que le sucedió, Santos Cerdán León. Conviene recordar que en el PSOE el secretario general equivale al presidente en el PP, y el secretario de organización, al secretario general de los populares.
También tenemos el ‘caso Begoña Gómez’, esposa de Sánchez, o el problema de su hermano David Sánchez Pérez-Castejón.
Hasta ahí, el mantra del PP de Feijóo y de sus medios afines parece no carecer de fundamento y tener una cierta capacidad letal para la actual presidencia del Estado.
Y, además, la Justicia camina lenta y segura. La Justicia, si se me permite la comparación ciclista, ahora que estamos en plena Vuelta Ciclista a España, es diésel.
En este sentido, se anuncia un curso caliente: la Audiencia Nacional ya ha puesto fecha para el arranque del juicio del ‘caso Kitchen’, que será el 6 de abril de 2026 y sentará en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, encabezada por quien fue el ministro al frente, Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de quince años de cárcel.
No vamos a entrar en detalles; está en los medios independientes y pasarán todos como investigados o como testigos, incluyendo al mismo Mariano Rajoy o a su todo poderosa secretaria general, Dolores de Cospedal .
Por otro lado, como decíamos hace unas líneas, el diésel judicial adelantará a los sprinter camino del puerto de primera categoría, y también llega el turno de la familia Pujol, encabezada por su patriarca, don Jordi.
En Asturias tampoco nos libramos de los problemas de la corrupción y todas sus derivadas.
Un guardia de Medio Natural, que cree en su trabajo y su alta responsabilidad, decide hacer de mosca cojonera e insiste en advertir de los movimientos irregulares que se producían en el entorno de la mina de Cerredo, donde murieron cinco mineros.
Sus avisos terminaron en cierres de expedientes y en un resonante silencio de la supuestamente garantista burocracia.
«Estamos en contacto con altos niveles, somos paisanos». Esa fue la respuesta que encontró el guarda de Medio Natural del titular del grupo propietario de la mina.
Qué decir a esto… ¿Hacemos demagogia? ¡Cuesta más matar a un lobo que a un minero!
Si queremos ser un Estado, nación, país, región o como ustedes quieran llamarlo, serio y respetado, no podemos permitirnos todo esto.
La corrupción no sólo es un problema ético. Es un problema de eficiencia como Administración Pública, que afecta a todos sus engranajes y a la confianza del ciudadano en ella, ante un escenario en donde lo que cuesta tres nos cuesta seis, engrasando al paso lo que queda en el camino.
PD: con todo mi afecto y recuerdo para los mineros muertos en Cerredo.
