La mujer, que podría pasar cuatro años y medio en prisión, dejó de abonar las cuotas a la Seguridad Social entre desde 2017 hasta 2020, y tampoco presentó ni las cotizaciones de sus trabajadores, ni las cuentas de la empresa en el Registro Mercantil
Por mucho glamour que pueda entrañar para el público general, por mucho oropel y champán, por mucha apariencia de constituir poco menos que un mundo aparte del real, el sector de la moda se rige por las mismas pautas legales que cualquier otro, con sus responsabilidades y obligaciones fiscales… Y sus castigos cuando se incumplen las reglas del juego. Precisamente eso es lo que ha llevado a que la administradora de cierta agencia de modelos domiciliada en Gijón vaya a sentarse en el banquillo de la sede en dicha ciudad de la Audiencia Provincial este miércoles, acusaba de haber defraudado más de 197.000 euros. 197.742,15, para ser exactos. Un presunto delito por el que la susodicha podría cumplir los cuatro años y medio de prisión que pide para ella el Ministerio Fiscal, y cuya vista oral está fijada para las 10 horas de esta mañana.
Según el relato proporcionado por la Fiscalía la mujer, nacida en 1972, asumió en 2020 la administración única de una sociedad mercantil que, aparte de lo concerniente al modelaje, tenía como objetivos sociales la compra y venta de textiles, la publicidad, la construcción y la explotación de negocios hosteleros en suelo gijonés. Nada raro, a primera vista; es más, todo fue bien hasta que en 2017, y hasta 2020, la ahora enjuiciada dejó de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. Más aún, tampoco presentó regularmente los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta, ni tan siquiera las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil. Ya fuese una acción premeditada, o la lamentable consecuencia de un despiste muy caro, la Seguridad Social dejó de percibir 145.036,92 euros aunque, si se incluyen recargos e intereses, el perjuicio total asciende a los citados 197.742,15.
Todo lo anterior ha llevado al Ministerio Fiscal a considerar la conducta de la mujer como un fraude a la Seguridad Social, lo que, a su parecer, justifica la pena de cárcel solicitada. Por si fuese poco, se pide para la acusada la pérdida del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de una multa de 500.000 euros, con un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados, sin olvidar la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena. Por último, se reclama que pierda la posibilidad de percibir ayudas públicas y subvenciones, al igual que el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante siete años, y se requiere que en concepto de responsabilidad civil la mujer, y como responsable civil subsidiaria la mercantil, indemnice a la Seguridad Social con 197.742,15 euros, más los intereses legales correspondientes y las costas procesales.
