Juristas del Fondo Lobo analizan la decisión del Principado para determinar si es recurrible en los tribunales
El reciente anuncio de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias de autorizar a cazadores a abatir lobos durante cacerías programadas para otras especies dentro de reservas regionales ha desatado una nueva polémica. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (Fondo Lobo) ha comunicado que, con el asesoramiento de su equipo jurídico, estudiará detalladamente la repercusión legal de esta medida y no descarta iniciar procedimientos contra la cadena de responsables, desde la autorización administrativa hasta la ejecución de las muertes.
La organización considera “irresponsable” la decisión del Gobierno asturiano, al tratarse de una especie no cinegética, lo que a su juicio genera una gran incertidumbre legal. El Fondo recuerda que el propio Plan de Gestión del Lobo aprobado en Asturias establece que el método ordinario para controlar ejemplares son los aguardos o recechos realizados por personal funcionario de la Administración. La entrada de cazadores en este proceso, sostienen, podría responder más a la escasez de lobos que a la supuesta ineficacia de los métodos oficiales.
Desde el colectivo se denuncia además que esta medida supone “un desprecio absoluto a la conservación de la biodiversidad” y se produce en un contexto especialmente delicado: todavía está pendiente la resolución del recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra la modificación legal impulsada por partidos de la derecha y la ultraderecha, que sacó al lobo ibérico del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
El Fondo Lobo recuerda también que este verano los incendios forestales afectaron al 18% de las cuadrículas territoriales ocupadas por el lobo en España. Pese a ello, lamenta, el Gobierno asturiano adopta nuevas medidas de control sin evaluar el impacto real de esos incendios en la población de lobos dentro del Principado.
