La propuesta del PSOE para estudiar la creación de dicho gravamen, que sirva de antesala a la de aplicación voluntaria que aprobará el Principado, sólo logra el apoyo de IU y de Podemos, si bien con reparos al entender que la idea «se queda corta»
Es uno de los temas de debate en torno al fenómeno del turismo, junto al de la tan temida gentrificación y al de sus efectos sobre la vivienda, que más a menudo se escucha de un tiempo a esta parte por todo el territorio español: ¿procede, o no, imponer una tasa a los visitantes foráneos para compensar la presión que su presencia ejerce? Y, de accederse a ello… ¿Cómo hacerlo? Pues bien, en Gijón no va a ser necesario, de momento, llegar a esa segunda pregunta. Esta misma mañana, en transcurso del Pleno ordinario de octubre, el Gobierno municipal y Vox han unido sus votos para tumbar cierta propuesta presentada por el PSOE gijonés, con la que se pretendía estudiar la creación de una tasa local que se adelante a aquella de aplicación voluntaria defendida por el Ejecutivo autonómico. La idea, sólo apoyada por Izquierda Unida (IU) y Podemos, y con matices, se caía instantes antes de que, en la Junta General del Principado, una sugerencia análoga formulada por la diputada de Somos Asturies Covadonga Tomé lograse igual resultado.
Por parte de los socialistas, la edil Marina Pineda fue la encargada de detallar el contenido de la propuesta, enfatizando un detalle en absoluto menor: que «en ningún caso aumentaría la presión fiscal sobre los gijoneses». Por el contrario, contribuiría a paliar los efectos que el creciente turismo tiene sobre aspectos como la limpieza municipal, los suministros y redes de saneamiento, o la necesidad puntual de reforzar vigilancias. En líneas generales, sus argumentos recibieron el beneplácito de las otras dos formaciones de izquierdas presentes en el Pleno… Aunque con reservas. Y es que, en palabras de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, la iniciativa socialista equivale a «empezar la casa por el tejado», pues la prioridad debería ser diseñar una norma de alcance regional. Un punto ese último ampliado por su homólogo de IU, Javier Suárez Llana, firme defensor de la validez de «un impuesto único autonómico sobre el que los Ayuntamientos puedan aplicar recargos». En lo que sí coincidieron las dos fuerzas fue en descartar que la tasa ejerza un rol disuasorio sobre el turismo. «Barcelona es el ejemplo de que no espanta; no sólo no ha perdido demanda, sino que ha crecido», acotó Suárez Llana.
Por desgracia para el PSOE, ese apoyo de la izquierda no encontró réplica en las restantes agrupaciones políticas. De entrada, Sara Álvarez Rouco, representante de Vox, negó categóricamente que una tasa turística fuese a resolver problemas de la ciudad como «los de aparcamiento, saneamiento, servicio de limpieza, falta de personal en la Policía Local…». Por su parte, y en nombre del Gobierno, la vicealcaldesa y concejala de Turimso Ángela Pumariega sostuvo su oposición afirmando que, a día de hoy, «no estamos en situación se saturación; los alojamientos sólo se llenan en verano, por lo que no es realista hablar de presión constante sobre los servicios públicos». Más aún, reiteró el afán último de su estrategia, orientada a «consolidarnos como destino turístico sostenible y respetuosos con los ciudadanos», y cuestionó la pretensión del Principado de dejar en manos de los Consistorio la implantación de las tasas. Primero, porque, siempre a su juicio, «genera división, incertidumbre y desigualdad entre los territorios asturianos», y segundo, porque, «si se aplica sobre las pernoctas, resulta que en Caravia, por ejemplo, hay más de 2.000 personas al día en sus arenales, pero apenas cuenta con cincuenta plazas hoteleras».
