La Consejería establece un sistema transitorio y confidencial para los profesionales que objeten, aplicable en el SESPA y en centros privados
El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica hoy la resolución de la Consejería de Salud por la que se aprueban las instrucciones transitorias para la gestión de las manifestaciones de objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) como en los centros privados. La medida tiene carácter provisional y estará vigente hasta la aprobación del decreto autonómico que creará y regulará el Registro Oficial de Profesionales Objetores de Conciencia, actualmente en tramitación. Según el texto, el objetivo es facilitar la gestión interna de los recursos humanos necesarios para garantizar la prestación sanitaria del aborto, “evitando cualquier tipo de discriminación”.
Las instrucciones permiten que los profesionales directamente implicados en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo —especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, enfermería y matronas— puedan comunicar su objeción de manera voluntaria. La anotación será no pública, provisional y sin efectos jurídicos plenos.
El acceso a la información quedará restringido a las direcciones de los centros y al personal autorizado del Sespa, quienes deberán firmar un compromiso de confidencialidad. Además, la resolución establece que los datos tendrán la consideración de “categorías especiales”, conforme al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, sin incluir las motivaciones de la objeción ni permitir el intercambio de información entre administraciones.
La Consejera de Salud, Concepción Saavedra, firma la resolución, que entra en vigor mañana. Este paso se produce en paralelo a la elaboración del decreto autonómico y después de que el Gobierno central instara a las comunidades autónomas a regular el registro de objetores. El Ejecutivo asturiano ya había asegurado que el derecho al aborto “está absolutamente garantizado” en la región, tanto en hospitales públicos como a través de clínicas concertadas.
