¿Cómo puede ser que aumenten los afiliados y disminuyan los ingresos de la Seguridad Social?
Por Urbano Rubio Arconada
A partir del 3 de octubre, las cotizaciones se agotan y las nóminas de los jubilados dependen íntegramente de nueva deuda pública, a cargo de los futuros ingresos de los hijos, nietos y bisnietos. ¿Y cómo puede ser esto si, según los datos oficiales, en lo que va de año hemos crecido en 400.000 afiliados? Los datos también indican que, en ese mismo periodo, los ingresos de la Seguridad Social han descendido en 900.000 millones de euros. Esto se debe a que, a la hora de contar afiliados, se hace por número de contratos y no por personas contratadas; es decir, un fijo discontinuo puede figurar, por ejemplo, cinco veces como cotizante si ha tenido cinco contratos.
Los números son tozudos. En los primeros siete meses de este año, se ha tenido que prestar al sistema de pensiones 37.300 millones de euros. Y en los últimos ocho años, el gasto en pensiones ha pasado del 7 % al 14 % del PIB. Las obligaciones se han multiplicado con la incorporación de más de un millón de nuevos pensionistas, alcanzando ya los 10 millones de beneficiarios.
La baja tasa de natalidad —la menor de la UE, con una media actual de 1,3 cotizantes por pensionista (en Asturias, incluso inferior a 1)—, la creciente longevidad —en dos lustros, el 35 % de la población será mayor—, el éxodo de talento —España exporta conocimiento y capacidad a una media que supera los 200.000 jóvenes preparados por año—, la baja productividad de una nueva fuerza laboral surgida de la inmigración sin cualificación y con alta tasa de desempleo (25 %, más los no registrados) y una reforma de las pensiones fútil que no ha hecho más que agrandar la deuda (130.000 millones de euros), son factores que están haciendo tambalear el sistema.
Alemania y Francia ya están anunciando recortes en las pensiones, y en España ocurrirá lo mismo, pero peor. Siempre se actúa igual: cuando hay que recortar el gasto, se fija la mirada en la partida más voluminosa, las pensiones. Sin embargo, discrepo totalmente. Lo prioritario sería reducir el gasto político, que en nuestro país se cifra en 165.000 millones de euros, de los cuales 28.500 millones se destinan a subvenciones, una cifra incalculable repartida entre 11.000 supuestos “chiringuitos”, o 500 millones para el ingreso mínimo vital, del que más de la mitad se distribuye entre inmigrantes (algunos ni siquiera residen en España). El desbarajuste es tremendo.
Si se recortase buena parte de este despropósito, no sería necesario tocar las pensiones, y sobrarían miles de millones para mejorar las carreteras, reforzar la sanidad o modernizar la justicia, por ejemplo. En todo caso, el sistema está viciado y requiere una revisión profunda, con ajustes justos que valoren el esfuerzo contributivo y salvaguarden el interés general.
Para empezar, sería digno que sus señorías renunciaran a las aportaciones del Congreso a sus planes de pensiones privados. Luego habría que reducir la pensión máxima a 3.100 € brutos en cada una de las catorce pagas, manteniendo la estructura del resto de remuneraciones. Es necesario revisar los excesivos casos especiales de prejubilación que benefician a colectivos específicos y discriminan a la mayoría de los trabajadores. También convendría aumentar las bases de cotización de los contratos temporales para que los indefinidos resulten más atractivos para las empresas.
Debe revisarse periódicamente la situación de las personas con discapacidad, aplicando exenciones del IRPF para corregir posibles fraudes. Es vox populi que hay personas que cobran por discapacidad laboral y se ejercitan en el gimnasio o cargan cajas de sidra. Hay que luchar contra el fraude laboral y la economía sumergida mediante deducciones fiscales por gastos con factura en sanidad, educación o reformas en viviendas.
Sería positivo bonificar a las madres con dos años de cotización por hijo, hasta un máximo de seis, para promover la natalidad. También fomentar los planes privados de pensiones eliminando retenciones y aplicando devoluciones automáticas. Debería asegurarse una pensión mínima a toda persona con al menos 17 años de cotización, sin exclusiones por periodos cotizados ni por otros ingresos; esto haría justicia y fomentaría la contribución.
Conviene eliminar el privilegio de cotización del 125 % de la base para quienes perciben el subsidio de desempleo de mayores de 52 años, así como los incentivos perversos que desincentivan la incorporación al trabajo. Habría que suprimir tasas para la creación de nuevas microempresas y reducir los impuestos al trabajo, al emprendimiento y a la reinversión en innovación, con el fin de incrementar el empleo productivo.
Debe avanzarse hacia una transición sosegada hacia un sistema mixto de capitalización y reparto, cuya duración dependa de la evolución económica. El déficit debe ajustarse sin castigar al sector productivo con nuevos impuestos, y es preciso liberalizar la economía para abrir nuevos caladeros de oportunidades.
Y, por último, una propuesta novedosa: puesto que los sindicatos plantean que los robots contribuyan a la financiación de las pensiones, y dado que aquí veremos humanoides dos décadas después que en otros países, quizá podría incrementarse la recaudación haciendo que los perros también cotizasen, teniendo en cuenta que, según las estadísticas, muchas parejas prefieren cuidar canes antes que tener hijos.
En la mayoría de los países de la UE existe un sistema de tres pilares: un plan de pensiones público obligatorio de reparto que cubre los “mínimos”; un plan de pensiones ocupacional privado, en el que parte del salario se destina a una futura prestación; y un plan de pensiones individual y voluntario, con importantes incentivos fiscales. En España, Grecia y Portugal, las prestaciones dependen íntegramente del sector público, a través de un sistema de reparto, siendo España el país con la cuantía pública más alta. Desde Europa recomiendan a España que ponga en marcha una reforma estructural de las pensiones “de calado”.
¿A qué esperan los partidos con poder ejecutivo para poner remedio? ¿Estarán esperando a que los acreedores exteriores sean quienes corrijan —o recorten— las pensiones de forma obligatoria?
Señor Urbano: es una lástima que haya estropeado un artículo tan bien fundamentado y escrito con el «chistecito» de que deberían cotizar los perros. Con todo el respeto, me parece una soberana «babayada» como decimos aquí. Hay muchas parejas con hijos y también con perros, muchos ancianos que reciben más cariño de sus mascotas que se sus propios hijos, la crisis de la natalidad viene desde hace décadas y no por culpa de que haya perros, es muy fácil buscar chivos expiatorios en un colectivo de personas con los que Ud, por lo que parece no comparte los mismos valores. Un saludo cordial.
Rubén. Es justo que una pareja dedique su vida, su tiempo y su dinero en criar dos hijos que pagarán las pensiones de otra pareja sin hijos que se dedican a viajar y a pasear sus dos perros?