El exministro interpreta las declaraciones de Óscar Puente como una admisión de que el mantenimiento del peaje es una decisión política, no una imposición jurídica
El exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos y el historiador y politólogo Joaquín Santiago han firmado en Asturias Liberal un extenso análisis en el que critican la gestión política del peaje del Huerna y plantean una alternativa “realista y jurídicamente impecable” para su eliminación. En su texto, ambos autores sostienen que “el peaje del Huerna no se eliminará por milagro ni por decreto, sino por metodología, rigor y sentido del Estado”.
El escrito comienza con una crítica directa al reciente acto de la denominada “plataforma contra el peaje del Huerna”, celebrado en Oviedo, al que califican como “una producción política de temporada” impulsada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, “para buscar un aval popular a una causa perdida”. Según los firmantes, la movilización fue “vacía de contenido, asistencia y coherencia”, y sirvió únicamente para “fingir rebeldía ante un ministro que ya había dictado sentencia”.
Esa sentencia, afirman, la pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando recordó que la política actual de mantener el peaje “es la misma que aplicó el Gobierno de los populares en el año 2000”, al ampliar la concesión de la autopista y contar con el aval de la Comisión Europea. Álvarez-Cascos y Santiago interpretan esa afirmación como una “confesión involuntaria”: si la prórroga fue legal y sigue vigente, “el problema no es jurídico, sino político; el Gobierno puede, pero no quiere”.
Ambos sostienen que, dentro del marco legal y europeo, solo existen dos opciones legítimas: mantener el contrato actual y bonificar el peaje, o rescatar la concesión compensando económicamente a la empresa adjudicataria. Cualquier otra vía, advierten, supondría “una expropiación encubierta” y una violación del principio de seguridad jurídica.
Ante esa realidad, plantean una estrategia por etapas. Su primera propuesta, presentada semanas atrás, consistía en la recompra total de la concesión, con una inversión estimada entre 450 y 550 millones de euros. Esa cantidad, afirman, sería menor que el coste acumulado de las bonificaciones durante los próximos 25 años y permitiría “pagar una vez y liberar para siempre”.
Sin embargo, reconocen que el actual contexto político y fiscal hace improbable esa solución inmediata. Por ello, proponen ahora una alternativa “transitoria y viable”: un modelo de peaje en la sombra, que elimine el pago directo para los conductores pero mantenga la concesión bajo control público. En este sistema, el Estado abonaría a la empresa concesionaria una retribución anual en función del tráfico y la calidad del servicio, como ya ocurre en otras autovías españolas —la A-66, A-1 o A-2—.
Según sus cálculos, el coste anual para el Estado sería de 40 a 50 millones de euros, frente a los 67 millones que hoy pagan los usuarios. La fase inicial se prolongaría hasta 2030, momento en que el Estado podría completar la recompra definitiva y convertir la autopista en pública.
La propuesta, destacan, “respeta escrupulosamente la legalidad española y comunitaria, garantiza la justicia territorial y transforma un problema político en una solución técnica”. En definitiva, concluyen, Asturias no necesita “más indignación teatral, sino dirección, serenidad y coraje”.
