Las mujeres del campo reclaman igualdad con los hombres y con las mujeres de la ciudad en la Junta del Principado, ante el segundo intento de crear un Estatuto de la Mujer Rural para mejorar las posibilidades de vida de las que trabajan y tratan de conciliar lejos de las grandes capitales
Hay unas 100.000 mujeres en el mundo rural asturiano y el 44% de titulares de explotaciones son mujeres, el porcentaje de mujeres autónomas agrarias más alto de España. Son datos aproximados, porque entre las faltas de atención al campo de Asturias también figura el capítulo de investigaciones sociológicas. Por ejemplo, la titularidad de una explotación solo pasa a propiedad de ellas cuando ellos se jubilan. La posibilidad de pagar dos o más cuotas de autónomos en una casa y vivir de lo cosechado o criado es mínima. Así lo ha contado Mercedes Cruzado, presidenta de COAG, en la Comisión de Medio Rural y Política Agraria de la Junta del Principado de Asturias. Los diputados y diputadas han escuchado las necesidades básicas con las que no cuenta la población femenina, que vive lejos de las ciudades.
Ellas forman parte del 20% de los asturianos que habitan el 80% del territorio. Y la brecha que existe entre el campo y la ciudad se multiplica en cuestión de género, por las cargas familiares que ellas asumen ante la atención del ganado y el cuidado de hijos y mayores. De ahí que el Gobierno del Principado esté elaborando un Estatuto de la Mujer Rural… por segunda vez. El primer intento fue en 2018 y quedó archivado en la cajonera de algún despacho. Por eso Mercedes Cruzado reclama “medidas concretas y no buenas intenciones”. Se refiere a la falta de escuelas rurales y mejores infraestructuras escolares para poder vivir en los pueblos, medidas fiscales, servicios sanitarios e, incluso, fibra para evitar la brecha digital. A fin de cuentas, pide los mismos derechos que las mujeres de ciudad.
Por un día en Oviedo se habló y se escuchó a la población abandonada de Asturias. Casi una veintena de trabajadoras del campo pasaron para aportar su punto de vista al borrador, constituido sin haberles preguntado antes. Elena Martínez Orbegozo dijo que esta era una oportunidad para corregir las desigualdades históricas, aunque matizó: “Creemos necesario un Estatuto de la ciudadanía rural con perspectiva de género, pero celebramos que se empiece con este”. Un Estatuto de la ciudadanía rural podría ser el primer paso para acabar con las desigualdades con el mundo urbano, porque la preocupación que mostraron todas ellas no fue la de sus cargas, sino la de sus hijos e hijas. Quieren que estudien, pero no que le dediquen más dos horas al día para ir y volver de sus colegios.
Quieren acabar con el silencio de la mujer en el campo a pesar de su presencia mayúscula, quieren romper con la invisibilización y acabar con las violencias. También eliminar la precariedad y la falta de participación en las estructuras asociativas, una red de transporte que asegure la movilidad y, a fin de cuentas, apoyo institucional “para habitar y cuidar el territorio”, expresó Martínez Orbegozo. “Les pedimos compromiso y recursos para que el ejercicio de los derechos llegue de verdad a cada mujer en cada aldea y en cada pueblo”. Ellas representan la queja contra la deficiencia estructural al que se ha abandonado el mundo rural.
La intervención más emocionante de la mañana fue la de Manuela Rodríguez, ganadera y madre de dos hijos con discapacidad “y una madre mayor a la que cuidamos entre todos”. “Mi día empieza temprano y acaba tarde, entre vacas, terapias, compras, médicos y kilómetros de carretera muchas veces en mal estado. Y aunque a veces el cansancio pesa sigo aquí, con la cabeza alta, porque amo esta tierra y la vida que elegí”, ha dicho. “Pero en el medio rural todo cuesta el doble: la distancia, la falta de servicios y de infraestructuras… No pido privilegios, pido vivir en dignidad, ayudar sin rompernos, trabajar sin culpa y envejecer sin miedo”. Manuela reclamó apoyo para todas las familias rurales y subrayó que no están exigiendo heroínas ni discursos, sino derechos. Y agradeció la escucha, porque “es el primer paso para transformar”.
Leticia Fernández, ganadera en Tineo, prefirió no hablar de mujeres rurales, sino de la enorme dificultad de ser rural, más que mujer. “Pedimos respeto y comprensión. Necesitamos columnas firmes en las que apoyarnos. Durante años se nos repitió que aquí no había futuro, que nos marcháramos. El futuro sí está en el mundo rural, pero depende de todos. El estilo de vida rural debe ser digno, no basado en la renuncia. No somos ciudadanos de tercera”, explicó. Advirtió a los legisladores que el mundo rural necesita leyes que faciliten la vida, no que la compliquen. Tampoco quiere formar parte de una división entre hombres y mujeres, porque “no estamos para competir entre nosotros, quedamos pocos y tenemos que velar para que no nos vayamos”.
Para que no se quede en declaración de buenas intenciones, un estatuto como este es una oportunidad si va acompañado por un presupuesto. Se lo recordó a los diputados María Ángeles González García, secretaria de ASAJA. La discriminación de la zona rural asturiana frente a la zona urbana ha sido destacado por todas las participantes y Verónica Sánchez ha contado que el sector primario está torpedeado por el sistema económico y social y las mujeres son las más débiles. “La vida de las mujeres rurales depende de los servicios públicos”, por eso pide mayor eficacia y precisión en las inversiones vinculadas a los derechos que ha perdido, poco a poco, el campo asturiano.
